Pudeto, entre la dilación y la seguridad

La entrega de las diez hectáreas del Regimiento Pudeto al Ministerio de Bienes Nacionales se ha convertido en un símbolo incómodo de cómo las decisiones estratégicas del Estado pueden dilatarse, debilitarse y postergarse sin una explicación satisfactoria. Lo que comenzó en abril de 2023 como un hito celebrado por autoridades nacionales y regionales -una entrega simbólica que prometía dar respuesta a cientos de familias sin vivienda- hoy se ve entrampado en una controversia que, para sectores del gobierno, pone en tela de juicio la voluntad real del Ejército de contribuir de forma efectiva a las urgencias sociales del país.

En las últimas semanas, el seremi de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, expresó públicamente su malestar por la nueva fecha estimada por el Ejército para concluir la limpieza del terreno: fines de 2026. Según su relato, ya en diciembre pasado manifestó directamente al comandante de la Quinta División su preocupación por la falta de planificación. “Tenemos lluvia, tenemos nieve”, dijo, para enfatizar que en Magallanes estos factores no pueden ser sorpresa ni excusa. Si se sabía desde el inicio que había que limpiar artefactos explosivos del subsuelo, ¿por qué no hubo un calendario claro ni una estrategia definida desde un comienzo?

La respuesta del Ejército, en voz del general Ricardo Merino, intenta dar una señal más positiva: el proceso de desminado estaría finalizado a fines de noviembre de este año. La pregunta que queda flotando es por qué esta información no se comunicó antes y por qué desde el Ejecutivo se seguía manejando un horizonte que llegaba hasta 2026. La confusión genera incertidumbre, desconfianza y, sobre todo, impaciencia en quienes más necesitan estos terrenos: las más de 500 familias que esperan una solución habitacional en un momento crítico.

Este caso pone en evidencia una fractura persistente entre dos lógicas: la institucional y la social. Para el Ejército, los tiempos operativos responden a protocolos y seguridades técnicas. Se entiende que la seguridad es prioritaria, pero también que cuando se anunció el traspaso ello debió haber sido abordado de acuerdo a las reales capacidades y tecnologías existentes en la unidad militar.

Para el mundo civil, especialmente para quienes viven el drama de la falta de vivienda, cada mes que pasa sin avances es una injusticia más. La planificación del Estado no puede operar en compartimentos estancos. 

La moraleja de este caso es que no basta con entregar terrenos en un acto simbólico si no hay un un compromiso efectivo y coordinado entre los actores involucrados junto a un cronograma realista.