Una cuenta pública que sí rinde frutos

Ayer, la rendición de la cuenta pública del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) descansó en números ciertos y en el incansable empeño de los campesinos y campesinas de la zona.

La exposición del director regional, junto con las palabras del Consejo Asesor Regional y de los agricultores que participaron de la jornada, informó sobre la inversión de más $1.000 millones el año pasado y un presupuesto en curso para 2025 que ya supera los $1.175 millones. Así, Indap no solo aumentó su cobertura, sino que afinó su enfoque. 

Se ha dado prioridad a la seguridad hídrica mediante riego tecnificado, a la protección de cultivos con cortinas cortaviento, al fortalecimiento de la juventud rural y al impulso de la agroecología. Con ello, se busca responder a los desafíos del campo magallánico. Aquí, cultivar no es solo producir alimentos, es resistir el viento, el frío y la escasez de agua.

Especial mención merece el suplemento de $3.200 millones aprobado por el gobierno regional para ser ejecutado hasta 2028. No se trata de un favor ni de una excepción. Es una respuesta necesaria a una ruralidad que históricamente ha debido pelear por visibilidad. Esta inversión, de la cual el 85% irá directamente a los usuarios, constituye un verdadero pilar para seguir construyendo soberanía alimentaria en el extremo austral del país.

Pero quizás lo más valioso de esta cuenta pública no está en las inversiones o los metros cuadrados construidos. Está en el tono. En la sinceridad con que se dijo que “esta no es solo una cuenta pública, es una declaración de principios”. Está en la voz campesina que hoy se siente escuchada, respetada, incorporada en la toma de decisiones. Está en el reconocimiento explícito al valor del trabajo colectivo, de la agroecología como camino real y no como eslogan, y de la juventud rural como protagonista y no como anécdota.

El mundo rural no necesita discursos condescendientes. Necesita instituciones que estén presentes, que no lleguen con la receta hecha desde Santiago, que entiendan que sembrar en Magallanes es distinto, y que valoren los saberes locales tanto como la tecnología. 

Pese a los avances indiscutibles presentados, hay aún mucho por hacer: ampliar el acceso al agua, mejorar la conectividad, enfrentar el cambio climático. A la vez, el desafío ahora es sostener y escalar esta gestión en el tiempo, sin que la ruralidad vuelva a depender exclusivamente del empuje individual de sus dirigentes o del compromiso personal de algunas autoridades. La institucionalidad debe garantizar que el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina no sea una excepción regional, sino una política estructural y permanente. La participación efectiva, la descentralización real y el financiamiento con enfoque territorial deben dejar de ser promesas y convertirse en estándar.

A futuro, la transición agroecológica requerirá más que voluntad: implicará decisiones complejas sobre el modelo de producción, el uso del suelo y el vínculo con los grandes actores del mercado. Fortalecer cadenas cortas de comercialización, impulsar una política de precios justos, garantizar acceso a la tierra para nuevos agricultores y priorizar el abastecimiento local en programas públicos son tareas que no pueden seguir postergándose.