Terapeuta ocupacional le ganó demanda por $10 millones al municipio de Laguna Blanca

La terapeuta ocupacional, Francisca Vidal Castillo, le ganó la demanda laboral que interpuso en contra de la municipalidad de Laguna Blanca.

El fallo, dictado por el juez Cristian Armijo Silva, acogió la denuncia interpuesta por la profesional en contra del organismo comunal, representado por su alcalde Fernando Ojeda González, donde declara “la constitución de un acoso laboral” y “la existencia de la vulneración de derechos fundamentales del derecho a la integridad física y psíquica contemplados en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República de Chile ocurridos en la relación laboral”.

En consecuencia, ordenó a la municipalidad de Laguna Blanca al cese inmediato “de la conducta lesiva a los derechos fundamentales indicados”, bajo apercibimiento de multa de 50 UTM.

Además, el fallo obliga al municipio a “confeccionar un protocolo claro, sencillo, definido y conocido por el personal de su dependencia respecto de las gestiones que deben hacerse para ejecutar las labores de ronda del personal del servicio de salud y apoyo de los mismos, así como las obligaciones de cada uno de ellos”.

Igualmente se debe realizar, en conjunto con los funcionarios, “una capacitación de parte de la Asociación Chilena de Seguridad, sobre mecanismo de resolución de conflictos y mejoramiento de clima laboral”.

Esto se debe cumplir dentro de los 90 días corridos desde que quede ejecutoriado el fallo, actividad que deberá ser supervigilada por la Inspección Comunal del Trabajo la Provincia de Magallanes, “debiendo informar al tribunal si esta no se ha ejecutado, medida que debe ser cumplida por la demandada bajo el apercibimiento de multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales”.

Indemnización

En cuanto a la indemnización de perjuicios, la municipalidad de Laguna Blanca fue condenada a pagar a la demandante 10 millones de pesos, como indemnización por daño moral.

Más el pago de las costas, regulados en la suma de un millón de pesos.

La demandante, representada en tribunales por el estudio jurídico del abogado Ramón Ibáñez Álvarez, denunció “vulneraciones sistemáticas” en contra de su persona, con efectos en su salud mental y entorno familiar.

Una relación laboral que partió en enero del año 2023, cuando fue contratada como terapeuta ocupacional para la posta de salud rural Fernando Ampuero Cheuquel de Villa Tehuelches.