Cuando las buenas intenciones no alcanzan

Hay algo profundamente inquietante cuando los programas sociales que buscan atender a las personas más vulnerables comienzan a desmoronarse no sólo por falta de diagnóstico certero, sino por la distancia abismal entre lo que se promete y lo que se puede cumplir. Lo que está ocurriendo en Magallanes con la ruptura del convenio entre la ONG Desarrollo Korban y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), así como con la insolvencia financiera de Fide XII a cargo de la Casa del Samaritano, es reflejo de un fenómeno que trasciende lo puntual. Parece que asistimos a la fragilidad estructural de ciertas líneas de acción del Estado en materia de asistencia social.

No es nuevo que los programas públicos dependan, cada vez más, de la ejecución por parte de fundaciones, corporaciones u ONG locales. Sin embargo, esa externalización de la responsabilidad social no puede seguir descansando sobre bases tan inestables como las que hoy se evidencian. Las casas de acogida, los albergues para personas en situación de calle o los proyectos de viviendas tuteladas para adultos mayores no son simplemente “proyectos sociales”. Son respuestas concretas a dramas humanos que no esperan prórroga presupuestaria ni toleran la improvisación administrativa. Y sin embargo, aquí estamos con trabajadores sin sueldo, instituciones que se retiran por dignidad y usuarios que quedan literalmente sin techo ni cuidado.

El caso de Fide XII es paradigmático. Aún con deudas previsionales y sueldos impagos, la entidad se mantuvo a cargo de la Casa del Samaritano, con promesas de pagos parciales que nunca llegaron. ¿Transferencias de recursos entrampadas en marañas burocráticas? ¿Falta de fiscalización? ¿Déficit de gestión? ¿Montos contractuales desfasados de la realidad? Probablemente todo a la vez. Lo mismo cabe preguntarse sobre lo ocurrido con la ONG Desarrollo Korban, que acusa al Senama no sólo de maltrato institucional, sino de un diseño de política pública que ignora los costos reales de operar viviendas para adultos mayores en condiciones dignas.

¿Estamos frente a programas mal diseñados, mal costeados o mal ejecutados? La respuesta honesta no puede elegir una sola alternativa. Porque cuando una política pública depende de una entidad ejecutora, pero esa entidad no recibe los fondos adecuados, ni a tiempo, ni con márgenes para responder ante imprevistos, el fracaso no es de la fundación, es del modelo completo.

Es hora de sincerar los números y redefinir prioridades. No se puede seguir asignando recursos a programas sociales bajo la lógica del menor costo o del “a ver cómo se las arreglan”. No se puede seguir delegando en ONG tareas tan críticas como la acogida a personas en situación de calle o la habitabilidad de los adultos mayores, sin herramientas claras, sin reglas estables y, sobre todo, sin garantías mínimas para quienes operan y para quienes son atendidos.

Tampoco podemos obviar que muchas de estas instituciones son sostenidas por equipos humanos con vocación, pero sin red de protección. ¿Qué Estado es este que deja en el abandono a sus socios estratégicos mientras sostiene el discurso de la inclusión, la dignidad y la protección social?

Si la voluntad política existe -como se repite en discursos y cuentas públicas-, entonces debe expresarse en presupuestos realistas, convenios bien estructurados, monitoreo efectivo y un marco jurídico que proteja a las entidades ejecutoras y, sobre todo, a las personas beneficiarias. No se trata de filantropía con recursos públicos; se trata de un compromiso institucional con quienes más lo necesitan, y eso exige mucho más que intenciones. Requiere recursos suficientes y proyectos bien estudiados respecto de costos y sostenibilidad en el tiempo, así como una administración eficiente de parte de la entidad que se adjudique el desarrollo de estas iniciativas.