Fiscal Campos y liberación de sicario: “Fue algo insospechado. En mi experiencia, no lo había visto nunca”

• Desde su oficina en Santiago, el jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público aborda las investigaciones por licencias médicas, convenios y crimen organizado que también alcanzan a Magallanes. Defiende la probidad institucional, advierte del avance del narcotráfico en la región y llama a reforzar el control en aeropuertos, puertos y zonas vulnerables.

Tomás Ferrada Poblete
Corresponsal en Santiago

Se le vio recientemente sumergirse en las gélidas aguas del estrecho de Magallanes. Su vínculo con la región es evidente: fue destinado a Punta Arenas en el 99, formó familia, ejerció como fiscal jefe en Porvenir, Puerto Natales y la propia capital regional. En 2015, fue nombrado fiscal regional. 

Sin embargo, Eugenio Campos retornó a Santiago en 2023. El fiscal nacional Ángel Valencia lo designó como jefe de la Unidad Especializada en Anticorrupción del Ministerio Público. Desde entonces, se ha convertido en uno de sus hombres fuertes y ha asumido un rol preponderante en investigaciones nacionales como el caso Convenios, Procultura, caso Audios y recientemente el caso Licencias Médicas. 

Desde su oficina en el imponente edificio de la Fiscalía Nacional en calle Catedral, el fiscal recibe a El Magallanes, medio de prensa de la región que siente propia, con un ojo en lo que estaba ocurriendo algunos kilómetros al sur en el Centro de Justicia de Santiago: el inicio del juicio oral contra 18 médicos imputados por licencias falsas.

“Ese juicio dice relación con la cúpula grande de una asociación ilícita criminal dedicada a la obtención fraudulenta de licencias médicas, como también a obtener fraude de subvención, con un perjuicio más o menos para el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), por más de 26 mil millones de pesos”, apunta.

Simultáneamente, estalló el escándalo del sicario presuntamente vinculado al Tren de Aragua que quedó en libertad tras una orden judicial enviada a Gendarmería. El fiscal Campos calificó como gravísimo lo sucedido. 

“Estamos hablando de un hecho de sangre terrible que quedó grabado, que todo el país pudo ver, lamentablemente, cómo se produjo un hecho de sangre tan deleznable como aquel… Que se produzca esto (su liberación) fue algo insospechado. Yo, la verdad, en mi experiencia, no lo había visto nunca”, remarca.

El fiscal llamó a reforzar la coordinación institucional: “Esto no solamente tiene que redoblar los esfuerzos, sino que requiere una mayor coordinación en cada una de las instituciones”.

Y añadió que el Estado debe modernizar sus procesos para evitar que algo así vuelva a ocurrir: “La tecnología hay que volcarla, precisamente, para la lucha de la corrupción y en contra del crimen organizado”.

Licencias médicas

Respecto de las licencias médicas, hace ver que el Ministerio Público no es ajeno fenómeno del uso fraudulento de estos permisos. Por eso, cuando la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público un cruce de datos que revelaba a más de 25 mil funcionarios públicos con licencias médicas que salieron del país entre 2023 y 2024, la institución tomó la posta desde su rol penal. 

Desde la Fiscalía Nacional, la Unidad de Anticorrupción que encabeza Campos ha articulado un trabajo con diversas entidades para consolidar una estrategia de persecución penal. “Se generó una muestra de trabajo acá en la Fiscalía Nacional que fue una reunión ampliada de todas y cada una de las instituciones públicas y privadas que guardan relación con el tema de licencias”, detalla. Entre ellas, menciona a la Superintendencia de Seguridad Social, el Compin, Fonasa, la Asociación de Isapres, plataformas electrónicas emisoras de licencias y la Policía de Investigaciones.

“Se trató de confluir precisamente en una fuerza de tarea para poder tener una investigación de persecución penal exitosa también en este margen de acción”, resume.

– ¿Cuál es la situación con Magallanes en este caso?

– “Dentro del listado de 775 instituciones, algunas de ellas se encuentran en nuestra región. Algunas instituciones, como también algunas municipalidades de nuestra región efectivamente dan cuenta de algunas personas que se encontraban con licencia médica y habían salido del país (…) Ese listado hay que depurarlo, hay que ver también los motivos, de dónde se obtuvo esa licencia médica, cómo se obtuvo, entre otros factores que son objeto de investigación el día de hoy”.

– En el caso de Enap, algunos trabajadores fueron despedidos por haber salido del país mientras se encontraban con licencia y reclaman que la acción se ejecutó sin haberse abierto un sumario previo. ¿Qué se puede decir desde Fiscalía?

– “Respecto de funcionarios públicos nacen tres tipos de responsabilidad. Una responsabilidad civil, que siempre guarda relación más bien desde el punto de vista monetario, demanda, indemnización de perjuicios. Esa no compete al Ministerio Público, por cierto. Pero hay dos responsabilidades que son más relevantes: una administrativa propia de la institución a la cual pertenece el funcionario público, en este caso Enap…, respecto al cual el Ministerio Público no tiene injerencia alguna. Son potestades propias de la autoridad en el ejercicio de sus funciones (…) y una de carácter penal, que es la que nosotros ejercemos para investigar hechos que revisten características de delito”.

– ¿Cuál es la situación jurídica de estas personas? ¿Hay investigaciones en curso?

– “No podemos decir que hay investigaciones o no. Las investigaciones son reservadas. Lo que sí me refiero es que el listado de 775 instituciones que fueron remitidas por la Contraloría son objeto de investigación”.

– El Ministerio Público también hizo una revisión interna. ¿Cuál es el balance y los avances de estas investigaciones?

– “Producto del informe de Contraloría General de la República, el fiscal nacional dispuso inmediatamente, a objeto de saber, las licencias médicas obtenidas por funcionarias y funcionarios del Ministerio Público del año 2022 al 2025, y hacer también ese cruce de información. Y ahí efectivamente se encontró algunos datos o informaciones respecto de funcionarios en las cuales presumiblemente… se habrían encontrado en el extranjero o prontos al ingreso al país y esa es una circunstancia que cada una de las fiscalías regionales deben ejecutar, ya sea a aperturar investigaciones o sumario administrativo cuando el caso lo amerite”.

– En su opinión, ¿cómo afecta al trabajo que está haciendo Fiscalía, su unidad particularmente, cuando se ve manchada también por este tipo de situaciones?

– “Lo que pasa es que no se ve manchada, al contrario. El Ministerio Público es un organismo autónomo e independiente… y también debemos ser sumamente estrictos con las conductas de nosotros mismos. Es por eso que el Fiscal Nacional tomó aquella iniciativa…, incluso más allá, ya no este periodo 2023-2024, sino que fue del 2022 al 2025 para hacer las investigaciones de rigor”.

Caso Convenios
y ProCultura

– Fiscal, pasando al caso Convenios, que ha tenido fuerte impacto en Magallanes: ¿qué tan graves son las denuncias que vinculan a la región en esta investigación?

– “El caso Convenios nace a partir de julio del año 2023 aproximadamente, con aquel caso de Democracia Viva, en Antofagasta, y hay un devenir de información y antecedentes relevantes que hemos obtenido a través del trabajo de la Contraloría General de la República. En septiembre del año 2023 recibimos no tan solo informes o preinformes, mejor dicho, de transferencias de fondos a corporaciones y fundaciones que provenían del Ministerio de Vivienda y Urbanismo mismo, sino que ahora teníamos una modalidad distinta: que las transferencias de fondos provenían de gobiernos regionales”.

– Campos señala que entre septiembre y diciembre de 2023 se recibió “una decena de informes de la Contraloría”, entre los que surgieron antecedentes que involucraban al gobierno regional de Magallanes con la fundación ProCultura.

– “El Fiscal Nacional ha dispuesto precisamente un equipo especial de fiscalías regionales, en su oportunidad la de Aysén, luego la de Coquimbo y ahora la Fiscalía Regional de Antofagasta es la que está abocada al conocimiento de esta arista denominada ProCultura, que por cierto, goza de buena salud esa investigación. Precisamente se ha recabado información grave, seria, y que esperemos prontamente, en la medida en que efectivamente se cumplan algunas condiciones, pueda estar a disposición de los tribunales de justicia en su oportunidad procesal respectiva”.

– Cuando habla de información “grave” y “seria”, ¿eso incluye lo que ha ocurrido con el gobierno regional de Magallanes?

– “Efectivamente. Todo lo que dice relación con temas de confianza respecto de las autoridades, todo lo que dice relación con temas de opacidad en el manejo y gestión de fondos públicos, son antecedentes graves”.

– ¿Cómo ha sido la colaboración de las entidades investigadas en el caso ProCultura, particularmente en Magallanes?

– “Contamos precisamente con un equipo acabado de la Policía de Investigaciones de Chile, una fuerza de tarea a nivel nacional, entre otras también para lo que sucede en Magallanes. Y asimismo hemos requerido de información contable y bancaria… Hemos recibido colaboración del gobierno regional. Entendemos que no hemos tenido problemas en la obtención de información”.

– ¿Cómo afectó la salida del fiscal Cooper, quien en su momento encabezaba parte de estas investigaciones?

– “A ver, toda investigación es de carácter institucional, no es personal. Por eso me refería antes que en el caso, por ejemplo, ProCultura está con el excelente trabajo realizado por la Fiscalía Regional de Aysén, luego por la de Coquimbo y ahora con toda la experiencia y el trabajo que está realizando la Fiscalía Regional de Antofagasta… El Ministerio Público es uno solo, es la Fiscalía de Chile”.

FF.AA. y crimen organizado

– Fiscal, a la luz de los hechos recientes en las Fuerzas Armadas, ¿qué medidas se están adoptando desde el Ministerio Público para prevenir que el crimen organizado logre infiltrarse en el sistema judicial o en la propia Fiscalía? 

– “El Fiscal Nacional está especialmente preocupado con temas de probidad interna. Nos encomendó durante el año 2023 hacer un catastro detallado de cada una de nuestras falencias desde el punto de vista de probidad o no, o espacios respecto a los cuales necesitábamos mejoras, pero que sin perjuicio de eso pudiésemos ser capturados precisamente por temas de crimen organizado”.

Campos reconoce que la amenaza es real y que no se trata de una hipótesis lejana. “Pensar o no pensar en ellos sería sumamente ilusorio o sería inocente. Yo creo que somos una institución que para ellos les puede interesar muchísimo. Y es por eso que el Fiscal Nacional tomó el guante y tomó la iniciativa desde el punto de vista de que nosotros tenemos que estar preparados para ello”, indica.

Subraya que las investigaciones a fiscales y funcionarios que hoy están en curso nacieron desde mecanismos internos: “Todas y cada una de las investigaciones que ha llevado el Ministerio Público respecto de funcionarios como de fiscales del Ministerio Público han nacido precisamente a raíz del sistema de integridad que tiene el Ministerio Público instalado y que queremos seguir perfeccionando”.

– Fiscal, ¿cómo observa hoy el avance del crimen organizado en Magallanes?

– “Nosotros como región de Magallanes tenemos una región ideal desde el punto de vista de poder generar mecanismos para que precisamente no seamos permeables por el crimen organizado. ¿Qué duda cabe que tenemos más causas ahora por tráfico de drogas? ¿Qué duda cabe que hemos tenido una mayor criminalidad? Yo creo que es el momento de que actuemos coordinadamente. Entiéndase, Ministerio Público, Poder Judicial, como las demás instituciones públicas -me refiero a municipalidades, servicios, ministerios, como también las policías- para atacar de mejor forma el avance del crimen organizado, particularmente en la región de Magallanes.

– “En el 2002 teníamos procedimientos por tráfico de drogas incipientes, uno cada seis meses, uno cada ocho meses. Después fue uno al mes, y ahora parece que todas las semanas tenemos procedimientos por temas del tráfico ilícito de drogas… Cuando yo señalé hace un par de años ‘la droga llegó para quedarse’, efectivamente no estaba equivocado. Lamentablemente, la droga llegó para quedarse y eso, efectivamente, tenemos que trabajar todos y cada una de las instituciones, precisamente, para perseguirla de la mejor forma”.

– ¿Por qué usted dice que es ideal?

– “Digo ideal porque, primero, todos nos conocemos. En segundo punto, nuestras relaciones son más directas. Y en tercer punto, conocemos cuáles son también nuestras falencias. Sabemos que también no es una región de fácil acceso. Y precisamente aquello que puede ser una dificultad, nosotros tenemos que transformarla en una oportunidad”.

– Fiscal, sobre las denuncias que apuntan a una falta de control en terminales aéreos de Magallanes, con vuelos no fiscalizados y posibles operaciones irregulares. ¿Existe alguna investigación en curso relacionada a aeronaves que estarían siendo utilizadas para tráfico de drogas en la región?

– “Primero que nada, es un antecedente que preocupa muchísimo”.

Así comienza a responder y, aunque evita confirmar si existen investigaciones en curso -“porque es para el éxito de las mismas, obviamente”, insiste en que “no es un hecho alejado”. Y recuerda: “Hace un par de años se hizo un tremendo trabajo, precisamente, de desbaratar a una agrupación delictual dedicada al tráfico de drogas, entre las cuales, precisamente, uno de los cabecillas mencionaba la compra de una avioneta para poder transferir drogas a la región de Magallanes”.

– ¿Y qué se requiere para contener esa amenaza en la región?

– “Yo creo que todavía esos controles deben intensificarse. Uno lo ve en el aeropuerto, en las barcazas que van a Tierra del Fuego o en la barcaza que zarpa a Puerto Williams. Yo creo que eso requiere, precisamente, un mayor control y fiscalización de los que ya se están ejecutando… Las instituciones deben dotarse de mayores medios. No tan sólo tecnológicos, sino que también humanos”.

Filtraciones 

– Fiscal, se debate constantemente el tema de las filtraciones en investigaciones sensibles. Es una crítica que se le hace a veces al Ministerio Público por cómo se permite que esta información llegue a la prensa. ¿Cree usted que debería existir una prohibición de difusión?

– “Todas las causas y todas las investigaciones, sea un delito o falta, están amparadas mediante la reserva o secreto conforme a la ley, en el denominado artículo 182 -que, es decir, del Código Penal-. Solo los intervinientes pueden tener acceso al conocimiento y detalle de esa investigación. Por tanto, los que no tienen esa calidad no tienen por qué saberlo… El caso de tráfico ilícito de drogas puede tener un secreto reforzado. Si se está investigando lavado de activos, puede tener un secreto reforzado. Puede tener un secreto reforzado incluso cualquier otro delito cuando el fiscal así lo disponga de determinadas piezas determinadas.

– “La Fiscalía ha hecho presente, entre otros al Ministerio de Justicia, al Parlamento, que pueden estudiarse algunas medidas, en este caso legislativas, que pueden ir también en beneficio, precisamente, para evitar temas de violaciones de secreto. Y eso es lo que se está estudiando y se está trabajando”.

– Se dice también que a veces las filtraciones favorecen a una de las partes, que podrían usarlas como presión mediática. ¿Qué piensa usted?

– “Mi visión es una sola. El Ministerio Público no puede realizar eso porque esas acciones son constitutivas de delito”.

Unidad anticorrupción: “Es un gran desafío
 que me encomendó el fiscal nacional”

Desde 2023, Eugenio Campos dirige la Unidad Especializada en Anticorrupción del Ministerio Público. “Es un gran desafío que me encomendó el fiscal nacional Ángel Valencia, al cual estoy agradecido, y en el cual precisamente era de dotar explícitamente de un dinamismo a la unidad de anticorrupción, precisamente de volcar la experiencia, el trabajo en terreno”.

“Tenemos más de 600 investigaciones de alta corrupción respecto de temas municipales”. Campos recalca que su labor es acompañar también el trabajo cotidiano de las fiscalías: “Es una ayuda integral que queremos brindarles a ellos”.