Descentralización: entre promesas incumplidas y trabas

Una vez más, la descentralización volvió al debate público en voz de quienes aspiran a conducir el país. En la reciente “Cumbre de las Regiones”, realizada en Concepción, los tres principales candidatos presidenciales -Jeannette Jara, Evelyn Matthei y José Antonio Kast- expusieron sus propuestas, críticas y posturas frente a un proceso largamente prometido y, hasta ahora, escasamente cumplido.

El cara a cara dejó en evidencia el mismo diagnóstico compartido por todas las regiones del país: la concentración de poder y recursos en Santiago sigue siendo un freno estructural para el desarrollo territorial. La diferencia, sin embargo, está en cómo abordar esta deuda histórica. Mientras unos apuntan a fortalecer el rol de los gobiernos regionales, otros recalcan la necesidad de mayor control y rendición de cuentas. Todos, en mayor o menor medida, reconocen que la corrupción y las malas prácticas han debilitado la confianza en este proceso.

Pero más allá del cruce de recriminaciones -con el “caso Convenios” como telón de fondo- lo que realmente importa para zonas extremas como Magallanes es que la descentralización deje de ser una consigna y pase a ser una transformación institucional efectiva, con plazos claros, financiamiento estable y atribuciones concretas.

Cuando Jeannette Jara señala que al interior del gobierno central “no se quiere traspasar lo relevante”, no hace más que confirmar lo que desde regiones se ha denunciado por años: la descentralización ha sido usada como discurso, pero vaciada de contenido real. En Magallanes, esto se traduce en planes de desarrollo regional que deben suplicar aprobación a nivel central, en obras estratégicas detenidas por trámites en Santiago y en la universidad regional que compite con desventaja por fondos de financiamiento e  investigación.

Kast, por su parte, apunta a un control más férreo y a un vínculo entre presupuesto y desempeño. Sin embargo, al hablar de “entrega a la corrupción”, pierde de vista que ese mismo argumento ha sido usado históricamente para frenar todo intento de descentralización. Castigar a todos por los errores de algunos solo perpetúa el centralismo y debilita a los buenos gestores regionales que sí hacen su trabajo con probidad.

Matthei, en una postura más moderada, reconoce que la corrupción existe transversalmente y plantea que la seguridad requiere una coordinación nacional. Pero en su enfoque también subyace un dilema sin resolver: cómo fortalecer gobiernos regionales sin restar capacidad de respuesta del Estado en temas clave como la seguridad, la justicia o la salud.

Para Magallanes, la descentralización no es sólo una demanda política, sino una necesidad estructural. Requiere más autonomía para tomar decisiones sobre sus recursos naturales, sus conectividades, su ciencia antártica y su desarrollo logístico y portuario. Requiere una legislación que reconozca su aislamiento geográfico, sus desafíos climáticos y su rol estratégico nacional. Y requiere, sobre todo, de una voluntad política sostenida, más allá del color del gobierno de turno.

Si la descentralización no se traduce en una nueva arquitectura del Estado, en donde regiones como Magallanes tengan capacidad real de incidir, priorizar e invertir según sus propias dinámicas, entonces los discursos seguirán siendo aplausos vacíos.