Licencias “en juego”
La Contraloría General de la República ha vuelto a poner el foco en el mal uso de las licencias médicas. En su último informe, indicó que en Magallanes se detectaron 441 funcionarios públicos que accedieron a casinos mientras estaban con estos permisos de salud. Este nuevo episodio escandaliza no sólo por el número, sino por lo que significa: una erosión a la confianza ciudadana y una negación al sentido más básico de la ética pública.
Lo relevante es que la municipalidad de Punta Arenas reaccionó con celeridad y anunció el inicio de procesos sumarios contra 37 de sus funcionarios, 30 de los cuales pertenecen a la Corporación Municipal. Esa capacidad de respuesta denota que, cuando hay voluntad institucional, las acciones disciplinarias suceden rápidamente.
Pero lo que postura y sanción no resolverán es la raíz del problema. Entonces, estos y los casos anteriores de salir al exterior estando con licencia médica abren la pregunta: ¿Cómo evitamos que este tipo de abusos ocurran?
En este caso, la Contraloría ha cruzado datos entre bases de licencias médicas y accesos a casinos, revelando que más de 13 mil funcionarios a nivel nacional habrían violado el reposo médico. Es evidente que las licencias médicas son parte de un sistema que está siendo usado indebidamente.
Magallanes no está exenta. Los repetidos hallazgos del ente contralor exigen una revisión sistémica, no solo castigos sectoriales.
Todo esto lleva a determinar que es necesaria la fiscalización, pero también la prevención.
El uso de datos cruzados por parte de Contraloría es una herramienta efectiva, pero insuficiente si no se acompaña de protocolos internos que detecten el uso indebido de licencias antes de que se repitan.
La rápida respuesta y una cultura pública que se escandalice ante hechos de falta de probidad y de abusos son absolutamente necesarias. Esto lleva a sostener que una administración pública creíble debe consolidar espacios de formación y revisión adelantada, en vez de limitarlos a sorprenderse leguleyamente cuando llega una denuncia.
La Contraloría cumple su rol con números, y la ciudad responde con sumarios. Ahora falta cerrar el círculo de previsión.




