Fiscalía regional interpone recurso de queja contra juez porque limitaría acusación en caso de lavado de activos

Este sábado 16 de agosto, el fiscal regional (s) de Magallanes, Sebastián González Morales, presentó un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en contra del magistrado del Juzgado de Garantía local, Franco Reyes Pozo. La acción judicial busca revertir una polémica resolución que ordenó al Ministerio Público excluir de la acusación importantes hechos investigados en un complejo caso de lavado de activos y contratación simulada.

En el caso en cuestión figuran como imputados Juan Rubén Reyes Navarro, Maribel Marilicán Barría y Fernando Barría González por verse implicados en una sofisticada red de blanqueo de capitales. Según la Fiscalía, los imputados habrían utilizando testaferros -incluyendo familiares directos, para ocultar el origen ilícito de dinero obtenido mediante estafas a empresas navieras. El monto supera los $1.400 millones.

Entre las maniobras que se investigan se encuentra la compra de vehículos de lujo a nombre de terceros, adquisición de propiedades mediante contratos simulados y operaciones financieras complejas para legalizar los fondos.

Conflicto judicial

El conflicto judicial se origina cuando el juez Franco Reyes, en audiencia de preparación de juicio oral del 15 de julio de 2025, acoge una incidencia de la defensa y ordena al fiscal eliminar de la acusación todos los hechos que habían sido formalizados en audiencias de febrero de 2023 y junio de 2024. La decisión limita la acusación únicamente a los hechos inicialmente formalizados en septiembre de 2022, bajo amenaza de decretar sobreseimiento definitivo si no se cumple la orden.

En el recurso de queja, el fiscal González esgrime que fue necesario reformalizar “porque los acusados continuaron con sus maniobras delictivas de lavado de activos aún estando la causa judicializada y en investigación”. A su vez, dejó presente que en dichas audiencias de reformalización fueron incidentadas de nulidad, lo que fue rechazado por el tribunal. “En virtud de estas resoluciones judiciales, firmes y ejecutoriadas, que con fecha 7 de octubre de 2024 se presenta acusación en contra de los imputados, en virtud de los mismos hechos que fueran ya formalizados en audiencias de 1 de septiembre de 2022, 17 de febrero de 2023 y 26 de junio de 2024”.

La resolución del magistrado Reyes Pozo acogió la incidencia de corrección de vicios formales para dejar sin efecto, después de más de un año, las comunicaciones de cargos de los hechos que fueran reformalizados en 2023 y 2024, ordenando que sólo consten en la acusación aquellos comunicados en la formalización del 2022.

El fiscal expone que el agravio consiste en que si el Ministerio Público no corrige los vicios formales dentro del plazo otorgado por el juez, la sanción es el decreto de sobreseimiento definitivo de la causa, “haciendo imposible la continuación del procedimiento”. Por otro lado, en el evento de dejar a firme la resolución que se recurre, el Ministerio Público no podría “ni seguir indagándolos ni instar a condena por éstos (…) todo lo cual lleva a impunidad y hacer inútiles las diligencias que, legalmente, se realizaron conforme a lo que se estaba indagando y que se trata de una gran pérdida de erario fiscal”.

El recurso judicial, que cuenta con el respaldo de numerosa documentación probatoria, solicita a la Corte de Apelaciones que revoque la controvertida resolución, mantenga todos los hechos en la acusación y, en caso necesario, aplique medidas disciplinarias contra el magistrado por lo que califica como “abuso grave” en el ejercicio de sus funciones. La decisión que adopte el tribunal de alzada podría tener importantes repercusiones no solo para este caso específico, sino para la interpretación de las facultades del Ministerio Público en la configuración de las acusaciones penales.