Familiares de los 38 fallecidos en la tragedia del avión Hércules seguirán esperando justicia hasta marzo de 2026

“No estamos de acuerdo con la resolución y así lo expresamos al tribunal. Empatizamos absolutamente con las víctimas que esperaban un juicio lo más pronto posible”, sostuvo ayer el fiscal jefe de Punta Arenas, Sebastián González Morales, al término de la audiencia convocada por el Tribunal Oral para informar de la reprogramación del juicio en contra de los seis imputados por cuasidelito de homicidio e infracciones al Código Aeronáutico.

Inicialmente el procedimiento estaba agendado para el 2 de septiembre, pero ahora quedó fijado para el 2 de marzo de 2026.

“Desgraciadamente, por un tema de agenda del Tribunal, se modificó la fecha, pese a la oposición del Ministerio Público. Nosotros expresamos nuestra oposición, porque creemos que es un juicio que involucra a 38 familias de víctimas que desde que desapareció el avión buscan conocer las causas de la caída y tener respuestas”, señaló el fiscal a La Prensa Austral.

Como indicó el juez Guillermo Cádiz, el reagendamiento se debe a la realización de otro juicio grande por contrabando en contra de 16 imputados, 10 de ellos privados de libertad, y cuyo inicio está fijado para el próximo 6 de octubre, con una duración estimada de 54 días, y en el que declararán 142 testigos y 9 peritos.

Condoliéndose de aquellos que ven postergada su necesidad de una respuesta pronta de la justicia, inevitablemente en este caso, sabiendo que hay otros juicios pendientes, el Tribunal debe reagendar este juicio para el 2 de marzo, sostuvo el magistrado.

La reprogramación responde a que el Tribunal no cuenta con la capacidad para realizar dos juicios de dicha envergadura a la vez, al contar con dos salas y 6 jueces.

El Tribunal estimó que realizar ambas juicios orales de manera paralela implicaría, prácticamente, paralizar la realización de los juicios que seguirán ingresando al tribunal en los meses venideros y teniendo además en consideración que, por ley, tiene prioridad la realización de aquellos juicios en que los acusados se encuentran privados de libertad, lo que no se da en el presente caso.