Los cuidados del sacristán… ¿o de la Contraloría?

Señalaba en mi columna anterior que: si la Contraloría continua con denuncias fundadas que deben investigarse, a mi juicio, colapsará el sistema de investigación administrativa del Estado, lo que es una consecuencia lógica de nuestra desigual estructura administrativa interna especialmente, en lo territorial, pero, si a lo anterior sumamos nuevas exigencias en materia de control y combate a la corrupción es posible que la situación sea más compleja aún y pareciera ser que por ese camino vamos a transitar.          

Ya sabemos que, además de las salidas del país haciendo uso de licencia médica, se investiga la asistencia de funcionarios públicos a casinos, cuando se trata de directivos que tienen vedado el acceso a dichos lugares en atención a que administran o inciden en la administración de recursos o finanzas públicas. Entiendo que vienen otras cuestiones relacionadas con el sistema de información circularizada que está empleando para estos efectos, lo que incrementará la exigencia de investigación y sanción en los servicios.

Ahora, hace pocos días se ha solicitado por la Contraloría, a todas las entidades públicas, incluidas las municipalidades, un informe detallado de medidas que han adoptado, clasificadas en preventivas, detectivas y correctivas para fortalecer la probidad y, especialmente, para prevenir y detectar, dentro de sus funcionarios, delitos de cohecho, tráfico de drogas, mal uso de viviendas fiscales, corrupción por incumplimiento de deberes o entrega de información relacionada con sus tareas propias, traslado o transportes de sustancias prohibidas, asistencia y apoyo a bandas delictuales, asociación criminal y otros. 

Por supuesto que sería impopular y torpe discutir tan importantes medidas destinadas a establecer un sistema público exento de corrupción, con funcionarios estatales que sean, como precisaba Diego Portales hace casi dos siglos, “verdaderos modelos de virtud y patriotismo” (Carta a José M. Cea, 1822), pero las preguntas que se generan naturalmente, consecuencia de estas medidas son las siguientes: ¿se erradicará efectivamente la corrupción?, ¿se evitará la comisión de delitos?, ¿se sancionará a todos los funcionarios que transgredieron gravemente obligaciones funcionarias?

Por supuesto que las respuestas a esas preguntas pueden ser variadas, pero sin ser pesimista, creo que es posible que tengan éxito en una buena parte de servicios y municipios de Chile, pues como los funcionarios y directivos van a tener que estar preocupados de todas estas tareas, van a tener que dejar de cumplir sus funciones propias de servicio a la comunidad y, consecuencialmente, no habrá hechos que sancionar porque la gestión pública se reducirá considerablemente, precisamente, para disponer de los medios y el personal para efectuar estos controles y aplicar sanciones. Si a eso le sumamos que los funcionarios evitarán las situaciones conflictivas para no incurrir en infracciones que puedan significar su salida y agregamos la natural tendencia a no trabajar, si es posible, se está generando un porvenir complejo en el servicio público.

En términos concretos, las exigencias y medidas que se siguen planteando por el órgano contralor, requiere que existan órganos en condiciones de atender a esto con medios materiales, personas capacitadas especialmente en estas materias y con una estructura que permita implementar e investigar y ello es ilusorio, por ejemplo, respecto de municipios que tienen unidades municipales que cuentan con un solo profesional de planta, cuyos funcionarios directivos se conocen hace 156 años o más, lo que pone entela de juicio la imparcialidad, que carecen de unidad jurídica y con pocos funcionarios que pretenden hacer bien la pega y que van a colapsar con estas medidas.

Dice el dicho: “Los cuidados del sacristán mataron al señor cura” en clara referencia a las acciones bien intencionadas que tienen consecuencias negativas debido a su meticulosidad o exceso. Así  las cosas, espero que el dicho no se  reemplace con: “Los cuidados de Contraloría mataron al Servicio Público”.