“Cuando tratamos de abordar un desafío o una deuda histórica de esta magnitud, todo lo que hagamos siempre va a ser insuficiente”

Lucas Ulloa Intveen

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Una de las políticas públicas más importantes que ha levantado la subsecretaría de Derechos Humanos durante estos últimos años ha sido el Plan Nacional de Búsqueda. El trabajo ha implicado un despliegue a lo largo de todo el país con las mil 469 víctimas que constan en la nómina oficial. La tarea de documentación y archivo ha sido titánica, pero ha permitido condensar antecedentes por parte del Estado y generar un trabajo de sistematización que no se había realizado en décadas.

Sobre esta política y otras materias, abordó la entrevista que la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, concedió a La Prensa Austral en su reciente visita a la zona.

La autoridad explica que “es la primera vez que el Estado tiene esta recopilación de antecedentes que surgen desde distintas fuentes”. Detrás de estos esfuerzos estatales lo que se busca es “identificar posibilidades de nuevas líneas de investigación para poder continuar con el objetivo principal del plan que es el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte de cada una de las víctimas de desaparición forzada en nuestro país”.

Actualmente se ha trabajado en el proceso de digitalización de las carpetas de calificación de las víctimas para poder posteriormente hacer la entrega de estas carpetas a los familiares que las requieran. El proceso comenzó el 29 de agosto en el Palacio de La Moneda, donde se entregaron más de 150 carpetas, y las semanas sucesivas se ha hecho lo propio a través de distintos actos en el país. “Es un proceso importante para nosotros porque tiene que ver con una dimensión de reparación simbólica”.

En el caso de Magallanes, existe sólo un caso calificado: el de Silvio Francisco Bettancourt Bahamonde. En ese sentido, la única carpeta entregada en Magallanes fue dirigida a la familia de “Pancho”, realizado a mediados de la última semana.

– ¿Esta ha sido la única carpeta solicitada a nivel regional?

– “Claro. Vamos a entregar la carpeta a la familia de Francisco, restituirle todos sus antecedentes y recuperar un poco esa dignidad que es lo que nosotros ponemos en el centro. No solamente hacer memoria respecto de los horrores que se vivieron durante la dictadura, sino también respecto de la vida de estas personas. Francisco era un joven de 23, 24 años, ingeniero de Enap, detenido por agentes del Estado y no sabemos qué es lo que pasó. Y esa reconstrucción de su trayectoria y el esclarecimiento de cuál fue su destino final es uno de los objetivos que nosotros tenemos en el plan”.

– En base a los hallazgos realizados, ¿se podrían abrir nuevas líneas investigativas en este caso?

– Sí, nosotros estamos haciendo un trabajo coordinado con los ministros y ministras en visita que tienen dedicación exclusiva para la investigación de los crímenes de la dictadura, poniendo a disposición todos los elementos que el tribunal considera necesarios para abrir estas nuevas líneas de investigación. Hemos utilizado tecnologías nuevas que hace décadas atrás, cuando comenzaron estas investigaciones, no estaban disponibles (…) A través, por ejemplo de tecnologías de georradar podemos identificar en planos de terreno lugares donde posiblemente hubo remoción de tierra, que pudieran haber sido lugares de inhumación y exhumación ilegal de cuerpos. Eso lo hemos puesto a disposición para poder continuar con distintas líneas de investigación, haciendo cruces de información documental”.

“Desarrollamos una plataforma, un sistema utilizando la ciencia de datos, que nos permite cruzar desde distintos acervos documentales, identificar unidades o expresiones de víctimas, victimarios, de lugares, que nos permiten ir develando patrones macrocriminales que pueden ir abriendo nuevas líneas de investigación. Y eso además en alianza con, por ejemplo, la Universidad de Magallanes, que hemos ido suscribiendo convenios en estos últimos años para poner a disposición de investigaciones judiciales nuevas tecnologías, herramientas y acervos documentales para hacer estos cruces”.

– ¿Qué garantiza la continuidad de esta política y plan en el tiempo? Por ejemplo, bajo un gobierno de otra orientación política.

– “Es importante reconocer que en el orden democrático cada gobierno y cada autoridad de turno tiene sus determinadas prioridades, tiene sus programas de gobierno y tiene ciertas políticas públicas en las que pone más o menos énfasis. Pero lo cierto es que nosotros como Estado tenemos obligaciones que son vinculantes y que no podemos desatender. Y es en ese marco que nosotros hemos implementado este plan al alero de mandatos legales que nuestras instituciones tienen. Nosotros dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos tenemos el programa de derechos humanos que tiene un mandato legal específico que es justamente el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte de las víctimas de ejecución política de desaparición forzada. No podemos no trabajar en esa materia, porque es parte de nuestro mandato legal como institución (…) No podemos no buscar. La característica es que por primera vez tenemos una estrategia coordinada para hacerlo. Hemos tenido aumento de presupuesto para hacerlo también. Eso es algo que nosotros confiamos que tiene que continuar más allá de las prioridades de los gobiernos de turno”.

– ¿Cómo ha sido la retroalimentación de los familiares respecto de este plan y sus avances?

– “Cuando tratamos de abordar un desafío o una deuda histórica de esta magnitud, todo lo que hagamos siempre va a ser insuficiente, siempre va a ser tarde. Tenemos que lidiar con esa frustración propia de 52 años de espera, pero eso para nosotros, más que instalarnos en la frustración y en el pesimismo, lo que hace es generar un aliento de trabajar con el mayor sentido de urgencia. Yo creo que las agrupaciones y los familiares perciben, y así lo percibo yo, que estamos trabajando con el mayor sentido de urgencia para encontrar mecanismos que permitan mantener esta tarea abierta durante todo el tiempo que sea necesario e incorporando además a las nuevas generaciones”.

Caso Harex

El año pasado se propuso que la causa de Ricardo Harex, un caso de desaparición forzada donde se encuentrarían involucrados agentes del Estado y de la Iglesia ocurrido en democracia, sea incluido en el Plan de Búsqueda. Según expuso el senador Bianchi, vía oficio realizó la petición al entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, quien le indicó que estarían viendo las formas de agregarlo.

– Es imposible hablar de desaparecidos en Magallanes sin hablar de Harex. ¿Por qué se decidió no incluirlo en este plan finalmente?

– “El mandato de nuestra Subsecretaría y del programa tiene un marco temporal acotado, que es justamente el periodo dictatorial y por lo tanto, al menos por el momento, quienes están en la nómina única oficial, las 1.469 personas, que son víctimas del periodo del 73’-90’. Sin embargo, diría que todo el aprendizaje que nosotros hemos ido consolidando en estas posibilidades de líneas de investigación tienen que estar a disposición también de otro tipo de casos que puedan estar fuera del periodo pero que tienen características similares en el tipo de delito, en el tipo de agentes o de instituciones vinculadas a estos crímenes que van nutriendo también líneas de investigación en otro tipo de casos que puedan compartir ciertas similitudes tanto por el marco temporal como por el tipo de actores que se involucran, como también por quiénes son las instituciones mandatadas a investigar”.

“El caso Harex que usted menciona efectivamente está fuera del periodo y por lo tanto no está dentro de la nómina oficial, sin embargo las instituciones que impulsan esa investigación son también instituciones que son parte del plan de búsqueda y allí hay algunas sinergias y aprendizajes virtuosos que pueden ponerse a disposición de ese caso. En el uso de tecnologías en la coordinación de distintas instituciones. Si bien el caso no está dentro de la nómina, tenemos toda la voluntad de acompañar a las familias y de promover que estas herramientas puedan ser de utilidad para este otro tipo de casos”.

– Frente al cierre de la investigación de este caso. ¿De qué manera puede intervenir el Estado frente a un caso en que se han cerrado todas las vías judiciales?

-“Todos los casos donde hay personas que desaparecen da lo mismo el marco temporal, el contexto para cualquier familia que un integrante de su grupo familiar desaparezca es una herida que permanece abierta y que implica obligaciones de parte del Estado de avanzar en entregar respuestas. En particular respecto de la ministra Recart es importante reconocer el compromiso que ha tenido, incluso de reabrir casos que pueden haber estado cerrados desde hace un tiempo largo y en la medida que van apareciendo nuevos antecedentes, tener la disposición de reabrir nuevas líneas de investigación”.