Justicia sobreseyó querella contra el municipio por licencias de conducir

El tribunal decretó ayer el sobreseimiento definitivo de la querella que en julio de este año se presentó en contra de la Municipalidad de Punta Arenas, representada por el alcalde Claudio Radonich, a partir de un reporte de la Contraloría que daba cuenta de la entrega de licencias de conducir, existiendo restricción respecto a deudores de pensiones de alimentos.

La querella la interpuso el abogado Robinson Quelín, así como decenas de otras pero por el caso licencias médicas.

Para el profesional las licencias de conducir son otorgadas por las municipalidades. Y los interesados en obtener una deben cumplir con los requisitos establecidos en la normativa, entre los que se encuentra no estar inscrito en calidad de deudor en el “Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos”.

En un escrito del mes de agosto, la abogada municipal Claudia Casas Karelovic pidió que se declarara inadmisible la querella porque “la responsabilidad penal a este respecto recae en personas naturales, más no jurídicas”.

Este tipo de delito no considera penalmente responsables a los servicios públicos, como es el caso de la municipalidad.

Además que “los hechos expuestos en su querella dicen relación con eventuales faltas administrativas en las que habrían incurrido funcionarios municipales a propósito de no revisar, previo a otorgar licencias de conducir, que el solicitante no tuviese inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos”.

El fiscal Fernando Dobson sostuvo que en esta querella se planteaba la eventual comisión de algunos delitos, “pero tanto el Ministerio Público como la defensa establecieron que la infracción a estas conductas tienen aparejada una sanción administrativa; y no es equiparable a una figura de fraude o falsificación, en los términos que se planteaba en la querella”.

“De esta manera el tribunal sobreseyó hoy (ayer) la causa, entendiendo que los hechos narrados en esta querella no serían constitutivos de delito, sino que podrían dar lugar a eventuales sanciones que deben ser castigadas a nivel administrativo y no penal”, concluyó