José Hernández Villarroel: el dirigente sindical que destapó el “cartel” de la centolla hace 5 años

A inicios de la presenta semana la Fiscalía Nacional Económica remeció el rubro de la pesca artesanal con una acusación que llegó a confirmar un secreto a voces de hace muchos años: en Magallanes las empresas de centolla se coluden para fijar precios. El requerimiento apuntó a siete empresas y ocho ejecutivos, desatando una oleada de reacciones del mundo político. La investigación comenzó luego de una denuncia estampada por el conocido dirigente sindical José Reinaldo Hernández Villarroel, quien en conversación con La Prensa Austral, aseguró que por aquellos años “los pescadores no se animaban a hacer la denuncia porque le tenían terror a las represalias de las empresas”.

“En julio de 2020 hice la presentación ante la Fiscalía Nacional precisamente porque los dirigentes de la pesca artesanal y los pescadores no se animaban a hacer la denuncia”, comienza relatando José Hernández, secretario del Sindicato Sitoners de Magallanes. “Suena feo, pero esa era la realidad”, se sincera: “Ninguno se atrevía a hacer la denuncia”.

El caso reviste múltiples aristas y viene de mucho antes del año en que formuló esta denuncia. “También hay una negligencia severa de las autoridades, principalmente las fiscalizadoras”, apunta el dirigente. “Acá está la Ley Navarino que se le aplica a todas las empresas que están en el lugar que dice la ley. Y sucede que a vista y paciencia de la autoridad, ellos estaban haciendo un negocio oscuro en el que estaban coludidos. Es un tema complejo porque aquí el Consejo de Defensa del Estado también tendría que hacerse parte”.

Por otra parte, critica las tardías respuestas y reacciones que se han hecho llegar por parte de autoridades, toda vez que el tema nunca fue puesto sobre la mesa en instancias pertinentes, como los Comités de Manejo de recursos como la centolla. “Ellos debieron prever lo que estaba sucediendo. Es más, siempre se les dio luces de lo que estaba sucediendo. No fue de la noche a la mañana. Lo que pasa es que nadie quería tomar el guante, porque ninguno quería ponerse a trabajar el tema”, sostiene Hernández.

Dentro de la acusación, incluso, hay ejecutivos que participaron directamente en los Comités, que es integrado por autoridades políticas y pescadores artesanales. “Nunca se vio este tema allí en el Comité. Entonces ahí hay responsabilidades que también van a tener que salir a la luz y van a tener que responder quienes estuvieron allí y guardaron silencio”.

Este descontento generalizado ha desembocado en que pescadores y organizaciones estén barajando iniciar acciones individuales y colectivas en contra de las empresas. “Algunos me dicen que van a demandar a estas empresas, porque los estafaron. Yo les digo que están en todo su derecho legítimo, pero que vayamos con calma”, explica Hernández. De todas formas, sostiene, actualmente la mayoría de los pescadores del rubro centollero se encuentran en faenas, prácticamente hasta diciembre.

Finalmente reitera su rechazo al mundo político que ha abundado en reacciones sobre este conflicto. “Cómplices también son las autoridades porque nunca quisieron tomar cartas en el asunto, ni siquiera juntarse con los dirigentes como ahora lo pretende hacer el subsecretario de Pesca. Yo creo que las respuestas tardías agravan la falta”.

Gobierno establece en más de 2 mil las familias afectadas por la colusión

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas Guitiérrez, envió un comunicado público por el caso de colusión en el mercado de la centolla, lo que afecta “directamente a los pescadores artesanales de Magallanes, que dependen de esta actividad para sostener a sus familias”.

Calificó de “inaceptable” la coordinación que realizaban las empresas para maximizar sus ganancias, “afectando el precio justo a los pescadores artesanales que son los que efectivamente realizan el esfuerzo pesquero de este recurso”.

Continuó indicando que en Magallanes existen, al día de hoy, 857 embarcaciones inscritas con el recurso de centolla. “Cada año están trabajando alrededor de 400 de ellas -con cuatro o cinco tripulantes cada una- siendo al menos 2 mil familias las afectadas anualmente”.

Finalmente cierra indicando que “desde que tomamos conocimiento de esta noticia, como Subpesca hemos recabado antecedentes, nos estamos coordinando con la delegación presidencial de Magallanes y sostendremos una pronta reunión con los pescadores artesanales afectados para mantenerlos al día de la investigación”.

Respecto de los beneficios que perciben las empresas acusadas por leyes de excepción, como Navarino, el subsecretario de Pesca no se refirió al respecto. En tanto, el delegado presidencial regional Ruiz Pivcevic agregó que “las leyes de excepción tienen también sus condiciones y eso hay que esperar que concluya la investigación, qué se determina y ahí, por cierto, también todo lo que eso conlleve será materia cuando esto ocurra”.

El consejero regional por Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, también se refirió al caso indicando que las conductas de las compañías representan “un riesgo concreto para la economía local y el sustento de numerosas familias que dependen de la extracción artesanal”.

“Espero que los resultados de esta investigación tengan las sanciones ejemplificadoras que establece la normativa chilena y que se generen acciones legislativas necesarias para impedir que estas situaciones vuelvan a repetirse”, subrayó Cárdenas, enfatizando que además del daño económico, se ha provocado un daño histórico a la pesca artesanal, que consideró uno de los “baluartes del desarrollo productivo de Tierra del Fuego”.

Parlamentarios magallánicos exigen compensaciones e investigación

La reciente acusación presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra siete empresas procesadoras de centolla por colusión para fijar precios de compra a los pescadores artesanales ha generado duras críticas y enérgicas exigencias desde el mundo político regional.

Los parlamentarios magallánicos coincidieron en calificar el caso como “grave, escandaloso y profundamente injusto”, y solicitaron no sólo sanciones ejemplares, sino también compensaciones directas a los pescadores afectados y la investigación de un posible fraude al fisco por parte de las empresas involucradas, muchas de las cuales operan con beneficios estatales bajo la Ley Navarino.

El diputado de Chile Vamos Christian Matheson fue categórico al señalar que esta colusión, que se habría extendido por al menos una década, “es de la más alta gravedad” y constituye un abuso directo a las comunidades pesqueras.

“Durante años, estas empresas habrían compartido información estratégica para manipular los precios de compra, obteniendo beneficios económicos en desmedro del trabajo honesto de los pescadores artesanales”, dijo el parlamentario.

Matheson hizo un llamado a que las multas que aplique el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) vayan directamente en beneficio de los pescadores afectados.

El senador Karim Bianchi también reaccionó con dureza, cuestionando que empresas coludidas hayan recibido beneficios tributarios estatales mientras ejecutaban prácticas ilícitas. “Estas empresas reciben beneficios fiscales gracias a leyes como la Ley Navarino, por lo que si se confirma esta colusión, también estaríamos frente a un posible fraude al fisco. Esto no puede quedar impune”, declaró.

La diputada Javiera Morales también expresó su indignación, destacando que no sólo se trata de una colusión que perjudicó económicamente a cientos de familias, sino también de un posible uso indebido de fondos públicos.

“Esto es indignante y debe ser sancionado con todo el peso de la ley. Hoy es urgente apoyar a los pescadores artesanales para que exijan las indemnizaciones correspondientes”, expuso Morales.

La parlamentaria confirmó que ofició al Ministerio de Hacienda para que entregue información detallada sobre los recursos estatales entregados a las empresas acusadas, particularmente por beneficios bajo la Ley Navarino.