Fallo acoge parcialmente demanda laboral de la doctora Lidia Amarales y ordena a la Umag el pago de $35 millones de los $165 millones solicitados

En seis meses el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas falló el juicio laboral iniciado el 11 de marzo de este año, por la doctora Lidia Amarales Osorio, luego de que la Universidad de Magallanes, específicamente el rector José Maripani, no renovara su contrato como académica.

En la parte medular, la sentencia pronunciada este martes 30 de septiembre y firmada por el juez Cristián Armijo Silva, sólo acogió el pago de una indemnización adicional, equivalente a seis remuneraciones mensuales, ascendente a la suma de $35.457.216.

La demanda por tutela laboral instaba por el pago de 16 remuneraciones, que en total sumaban un poco más de $94.552.570. Y, de otros, $70.914.437 a título de indemnización de perjuicios por maltrato laboral.

El fallo rechazó las demás indemnizaciones demandadas. “No se dará lugar por no indicarse expresamente a que título indemnizatorio se refiere. A su turno, mezcla fundamentos relativos al maltrato y demora en el sumario que la propia parte demandante indicó en la contestación de la excepción de caducidad que no las pretendía o el hecho de no renovarse su carga académica, respecto de lo cual no hubo ninguna solicitud expresa”.

En su parte resolutiva, la sentencia establece: “Que se acoge la denuncia interpuesta por doña Lidia Amarales Osorio, en contra de la Universidad de Magallanes, y su declara la vulneración de la garantía a la indemnidad y, en consecuencia, se resuelve condenar a la Universidad de Magallanes, al pago de las siguientes prestaciones: a) Al pago de una indemnización o equivalente a 6 remuneraciones mensuales ascendente a la suma de $35.457.216”. II.- “Que se rechazan las demás indemnizaciones solicitadas”.

Tanto la demandante como la Universidad de Magallanes podrían apelar el fallo de primera instancia ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

La profesional declaró desempeñarse en la Umag desde 2021 en calidad de honorarios. Y desde agosto de 2022 como profesor asociado, como académica del Centro Asistencia Docente y de Investigación Cadi- Umag, siendo nombrada por decreto en abril de 2024 en el cargo de subdirectora asistencial docente.

Acusó vulneración de derechos y en su oportunidad planteó que “el rector pretende solicitar mi renuncia no voluntaria argumentado que se trata de un cargo de confianza, cuestión que no es efectiva a la luz de lo establecido en el estatuto de la Universidad de Magallanes”.

En su opinión se vulneró el derecho de propiedad sobre su cargo que no era de exclusiva confianza, el “debido proceso al emplearse un procedimiento que no corresponde para desvincularme y el principio de igualdad ante la ley aplicando una norma que no le corresponde”.

En consecuencia, calificó el acto de ilegal pues constituye una represalia por las denuncias que formuló en contra de la universidad.

En respuesta al término de la relación laboral con la doctora Lidia Amarales, a comienzos de año la rectoría atribuyó la decisión a un proceso de ajustes en su equipo directivo, enmarcado dentro de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad y proyección institucional.