Prensa del Congreso Nacional acusa “blindaje” de la Cámara a juez Ulloa: se impidió pasar a los medios

La Agrupación de Prensa del Congreso Nacional acusó un “agravamiento de restricciones al ejercicio periodístico” en la Cámara Baja, pues se limitó el acceso de los medios durante el trámite de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

El gremio recordó que en junio pasado ya habían enviado una carta “al Presidente de la Cámara, José Miguel Castro Bascuñán, y al Secretario General, Miguel Landeros Perkic, denunciando obstrucciones al tránsito, al registro audiovisual y desalojos durante la tramitación de la acusación contra Gonzalo Durán, Delegado Presidencial de la Región Metropolitana”. No obstante, dicen que en vez de solucionarse dicha situación, esta se agravó durante la discusión de la AC contra Ulloa, aprobada por aplastante mayoría.

“Tanto al inicio de la sesión como al término, cuando Ulloa salió del hemiciclo, los medios de comunicación no pudimos hablar con él dentro del edificio, pues se determinó que no hubiese acceso de la prensa, cerrando las puertas de ambos pasillos a los costados de la sala, confinándonos al hall El Pensador con el propósito explícito de impedir que abordáramos al ministro. Esto mediante el despliegue del personal de seguridad que lo escoltó hasta el estacionamiento y que bloqueó las puertas para evitar el registro de imágenes, replicando las prácticas ya denunciadas”, acusaron.

“Ante nuestras consultas, el Presidente de la Cámara, José Miguel Castro, afirmó no tener conocimiento de estas restricciones. Por su parte, el Secretario General, Miguel Landeros, argumentó que el Congreso no es un ‘espacio público’, sino un lugar con ‘función pública’ donde la Cámara decide unilateralmente qué es accesible y qué no“, agregaron.

Los comunicadores sostuvieron que dichas explicaciones “contradicen el principio democrático de transparencia: una función pública exige rendición de cuentas y la prensa acreditada es un contrapeso necesario”.

“Blindar a figuras cuestionadas durante acusaciones constitucionales erosiona la confianza pública y establece precedentes preocupantes para el futuro del trabajo periodístico“, recalcan.

El gremio consignó que “este retroceso vulnera el artículo 19, numeral 12, de la Constitución -que protege la emisión de opiniones e información sin censura previa ni coacción externa-, respaldado por jurisprudencia de la Corte Suprema que obliga a las autoridades a facilitar el trabajo periodístico y condena limitaciones arbitrarias al acceso a autoridades y funcionarios públicos. Asimismo, ignora el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que rechaza barreras indirectas al acceso a información pública en instituciones estatales”.

Finalmente, la agrupación dice estar preocupada por la posibilidad de que esto se repita durante la tramitación de la AC contra el exministro Diego Pardow, emplazando a que “cese esta escalada”.

“La ciudadanía merece un Congreso accesible, no un búnker para representantes y funcionarios públicos cuestionados“, cerraron.

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