Consejo Regional rechaza zonificación del borde costero

La marginación de las áreas silvestres protegidas marinas de la zonificación del borde costero detonó que el Consejo Regional de Magallanes rechazara dicho instrumento de ordenamiento territorial. La propuesta fue desestimada de forma transversal por nueve de los 14 consejeros.

Esto ocurrió a pesar de la extensa explicación entregada por el jefe de la División de Planificación Regional, Axel González, quien señaló que las áreas silvestres protegidas son competencia de la Conaf o de la institución que la suceda. “Queda a discreción de los planes de manejo”, añadió González.
La información fue complementada por el gobernador Jorge Flies, quien enfatizó que el gobierno regional solicitó poder tener competencias sobre estas áreas, pero que el Ministerio de Defensa rechazó dicha petición.

Esta zonificación ha enfrentado varios obstáculos para su concreción. En febrero de 2024, el gobierno regional puso término anticipado al contrato con la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (Csiro), encargada de la actualización del estudio de zonificación del borde costero y de la implementación de la evaluación ambiental estratégica.

La entidad había ganado la licitación el 23 de junio de 2022, y el estudio tenía un plazo de 546 días corridos para definir qué áreas del borde costero podían ser utilizadas por las diversas actividades económicas presentes en la región, como el turismo, la pesca y la acuicultura, entre otras. La administración Flies desembolsó más de $234 millones para este trabajo.

Aunque Csiro alcanzó a entregar la propuesta de zonificación y el informe ambiental, no realizó las gestiones necesarias para su aprobación ante el Ministerio del Medio Ambiente ni ante el Consejo Regional. Dichas gestiones tuvieron que ser asumidas por profesionales de la División de Planificación Regional.

Debate político

El encargado de abrir los fuegos fue el consejero Max Salas, quien aludió a los problemas que enfrenta la elaboración del Plan de Manejo de la Reserva Kawésqar, cuestionado por sectores salmoneros al haber sido desarrollado -según indicó- por la Ong internacional Pew Charitable Trust, supuestamente financiada por una petrolera estadounidense.

“Aquí se nos hace ver que esa empresa petrolera nos va a decir qué hacer sobre dos tercios del territorio (áreas silvestres protegidas)”, expresó Salas.

El consejero discrepó de la interpretación legal presentada por la División de Planificación Regional y enfatizó que, de acuerdo con la Ley de Bases del Medio Ambiente, el gobierno regional podría tener atribuciones para zonificar dichos sectores.

“Nosotros no podemos entregar a intereses extranjeros la decisión de cómo los habitantes de Magallanes van a habitar su territorio”, afirmó. Luego advirtió que no se debe permitir que, en el futuro, “el uso del mar magallánico dependa de que sepamos hablar inglés, seamos rubiecitos y blancos”.

“Ni la pesca artesanal ni la acuicultura merecen estar subordinadas a estos intereses extranjeros”, concluyó.

La incendiaria intervención generó respuesta inmediata del gobernador Flies, quien pidió al consejero “no juntar peras con manzanas”, argumentando que Salas se refería a un trabajo desarrollado por Conaf que es distinto a la zonificación del borde costero.

“La interpretación que usted lee es la de la salmonicultura, que la ha hecho pública. Es una interpretación errónea”, respondió Flies. “Estamos dejando al libre albedrío la zonificación de sectores que jurídicamente nos corresponden”, agregó.

Al interior del Consejo, la tesis de Flies recibió apoyo únicamente de Juan Morano y Arturo Díaz. El resto de los consejeros pidió al gobernador mayor protagonismo en la discusión para los pescadores artesanales y el sector salmonero, además de incluir las áreas silvestres protegidas en la zonificación.

Flies defendió su gestión, asegurando que “en reiteradas ocasiones el sector salmonero y los pescadores han sido escuchados”.

¿Qué decía la zonificación?

Esta buscaba definir los usos preferentes y compatibles del litoral, integrando criterios ambientales, económicos y sociales. Su objetivo era ordenar territorialmente más de 11 mil kilómetros de costa y 34 mil km², brindando certeza a inversiones y actividades como el turismo, la pesca y la acuicultura. El proceso incluyó más de 660 personas y 321 organizaciones. Estableció 55 sectores con usos definidos, excluyó las áreas silvestres protegidas bajo tuición de organismos como Conaf y las aguas del estrecho de Magallanes.