Conservación y conflicto en Tierra del Fuego

La propuesta de ampliación del Sitio Prioritario Bahía Lomas, impulsada por el ministerio del Medio Ambiente (MMA) en el marco de la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap), ha desatado un profundo conflicto territorial y regulatorio en Magallanes. Este debate no sólo concierne a la preservación ecológica, sino que también reabre la discusión nacional y regional sobre el equilibrio entre la protección ambiental y el respeto a derechos fundamentales como la propiedad y la libertad económica.

El epicentro del desacuerdo radica en la diferencia de visiones entre las Asociaciones Gremiales de Ganaderos de Magallanes y Tierra del Fuego, y la autoridad ambiental regional (seremi de Medio Ambiente).

Los gremios ganaderos han manifestado “desconcierto y decepción”, rechazando categóricamente la nueva delimitación terrestre, a la que califican como una “ampliación fuera de norma”. Su principal argumento se centra en la supuesta irregularidad del proceso.

El punto más álgido de la crítica es la desproporcionada expansión del área propuesta. Según los gremios, de un total de 92.320 hectáreas, más de 66.000 hectáreas (un 70% adicional) no estaban identificadas en la base de estudio oficial de la estrategia. Esta expansión abarca cerca de 70 predios, afectando el 15% de la superficie de la comuna de Primavera, además de una parte de Porvenir.

Para los ganaderos, la designación como sitio prioritario tiene consecuencias legales y económicas severas. Observan una “contradicción profunda” en los objetivos, denunciando que la seremi excluyó de la nueva delimitación las “zonas productivas intensas de combustibles fósiles e hidrógeno verde”, mientras sí incluyó zonas históricamente ganaderas, reforzando la idea de que se busca someter la iniciativa privada a una lógica de control estatal del desarrollo.

Desde la seremi de Medio Ambiente, se busca “echar paños fríos” a las alarmas, enfatizando un punto clave: los sitios prioritarios “no son áreas protegidas”. Más bien, son zonas que albergan ecosistemas de alto valor ambiental o hábitats de especies amenazadas (como el paso del delfín chileno en el canal Fitz Roy), identificados como espacios donde se requiere avanzar en medidas de conservación.

El seremi Enrique Rebolledo explica que los sitios fueron elegidos en función de una matriz nacional para proteger el tipo de piso vegetacional, centrándose especialmente en humedales fuera del radio urbano, como las cuencas que descargan en Bahía Lomas.

Respecto a la afectación de las actividades productivas, la seremi asegura que la declaratoria no atenta contra las actividades ya desarrolladas. “Todo lo que se lleva haciendo hasta ahora ahí, se puede seguir haciendo”, afirmó el seremi.

Este conflicto, más allá de la normativa, es un choque de confianzas. Es innegable el valor ecológico de Bahía Lomas para aves migratorias, cetáceos y el pingüino magallánico, y la necesidad de avanzar en medidas de conservación para ecosistemas de alto valor. Es igualmente innegable el derecho de las familias que han trabajado la tierra por 140 años y la importancia de la ganadería como “la única actividad productiva soberana que abarca la totalidad de Tierra del Fuego”.

Si la seremi ha conversado con los gremios, debe aprovechar la extensión de la consulta para abrir urgentemente las mesas de trabajo en terreno, tal como exigen los dirigentes.