Funcionarios públicos no aceptarán ahorro fiscal a costa de sus sueldos

Mientras la discusión sobre el Presupuesto 2026 está en pausa y se retomará luego de las elecciones del 16 de noviembre, un flanco que se abre es el del reajuste al sector público, donde ya distintos gremios habían adelantado que no tolerarán que los funcionarios públicos paguen “los ajustes del Estado” en materia fiscal.

Tras una recomendación de la comisión asesora para el gasto público, el gobierno decidió mantener los sueldos del sector público en los valores nominales al 2025.

Esta medida dejaría un saldo favorable para la billetera fiscal de $524.938 millones en el corto plazo en caso de “congelarse” las remuneraciones.

Sin embargo, desde el sector la perspectiva es otra, y representantes de dicha instancia han trascendido que la cifra que solicitarán sería del orden de un 7%, por sobre la variación de la inflación.

Reajuste al
sector público

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, continúa tendiendo puentes con la oposición y limando asperezas con su sector para revertir el rechazo a casi todo el Presupuesto 2026 en la Comisión Mixta durante la semana pasada.

Muy escuetamente en el palacio de La Moneda, el ministro Grau se mostró optimista tras los encuentros del lunes  con Chile Vamos y Demócratas, limitándose a destacar la necesidad de que la discusión avance para que partidas fundamentales puedan contar con los recursos.

“Si se rechaza todo el Presupuesto, no se puede responder de buena manera a lo que nos exige la ciudadanía. Así que estamos seguros de que vamos a llegar a acuerdo”, dijo la autoridad.

Funcionarios
públicos pedirían
un 7% de reajuste

Sin embargo, aunque desde la oposición señalaron que están dispuestos a seguir conversando, todo queda sujeto a ciertas condiciones: un mecanismo para reponer la llamada glosa republicana, actualizar la proyección de ingresos en base a las cifras que se manejan a la fecha y definir el reajuste del sector público.

En la minuta que manejan los congresistas, el proyecto de ley de reajuste considera una provisión de alrededor de US$615 millones. Sin embargo, el reajuste de 2023 y 2024 son más del triple de este monto: US$1.970 y US$2.173 millones respectivamente.

Adicionalmente, en este año se debe considerar el aumento de 1% de tasa de cotización por la reforma previsional. Desde el Ejecutivo afirman que estos recursos están considerados en el proyecto de Presupuesto 2026, pero se niega a dar números.

Lo último que dijo el gobierno fue que los recursos en salarios del sector público se mantendrán “en valores nominales 2025”, es decir, no se ajustará por inflación durante ese año.

Pero desde la mesa del sector público, integrada por 16 asociaciones, dicen otra cosa.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), José Pérez, señaló que el guarismo considera lo siguiente: “El piso que se coloca en la negociación del reajuste para el sector público está constituido, uno, por recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2024 a noviembre 2025, es decir, el IPC acumulado, más el crecimiento del país”.

La inflación acumulada entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, se proyecta en un 3,7% y el crecimiento económico que se estima en 2,5% este año.

La suma arroja un 6,2% a lo que el sector público pediría un “extra” que no está bien definido, pero el trascendido a la prensa es que el reajuste solicitado sería finalmente de un 7%.

Cosa de números

Este 7% se alinea con el 7,5% nominal que se solicitó en un comienzo en la negociación del año pasado. Con todo, el reajuste podría ser menor a años pasados, según se dé en el debate legislativo.

De hecho, los congresistas hicieron sus propios cálculos: sólo por concepto de inflación y el punto de cotización adicional, el costo supera los US$700 millones. Es decir, US$100 millones más de lo que señala la minuta de minuta del Ejecutivo.

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