Senado destituye al ministro Antonio Ulloa tras aprobarse Acusación Constitucional

El Senado de Chile aprobó la Acusación Constitucional (AC) contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, poniendo fin a sus 35 años de carrera en el Poder Judicial. La decisión se adoptó luego de que los parlamentarios respaldaran los tres capítulos del libelo: el primero con 44 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones; el segundo con 27 a favor, 8 en contra y 8 abstenciones; y el tercero con 30 a favor, 7 en contra y 8 abstenciones. Con la aprobación de al menos uno de los capítulos, se dio por aprobada la AC.

Ulloa fue acusado de notable abandono de deberes por intervenir en nombramientos judiciales, no inhabilitarse en causas donde correspondía y entregar información sensible sobre la conformación de salas, ternas y quinas, en el contexto del denominado caso Audio. Con la sanción, además de perder su cargo, queda inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años y pierde el domicilio institucional en la comuna de Vitacura.

Ulloa afirmó que el Legislativo vulneró el principio de non bis in idem, al sancionarlo nuevamente luego de que la Corte Suprema lo mantuviera en su cargo tras un proceso disciplinario previo. “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos. Solo tengo pena por mis hijos”, añadió. Sobre sus vínculos con Hermosilla, el juez evitó dar declaraciones y se retiró en silencio.

El ahora exministro subrayó que “lo importante es que ya se respetó la institucionalidad”, aunque insistió en que la acusación tuvo motivos políticos y electorales, dejando abierta la posibilidad de acciones futuras para cuestionar su destitución.

Este proceso no fue el primero contra Ulloa. Previamente, la Corte Suprema revisó su cuaderno de remoción, pero la falta de quórum impidió su destitución, en medio de gestiones del conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, para frenar la medida. Más tarde, la Cámara de Diputados aprobó la Acusación Constitucional con 141 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, trasladando la decisión definitiva al Senado.

Con la sentencia, se cierra un capítulo polémico en la carrera judicial de Ulloa, marcado por cuestionamientos a su imparcialidad y presuntos vínculos con Hermosilla, en un caso que ha tenido repercusión mediática y política en todo el país, reflejando la tensión entre la institucionalidad judicial y el control parlamentario.