Convenio Minsal-Gore Magallanes: 15 de las 31 iniciativas se encuentran aún en fase de formulación

Lucas Ulloa Intveen
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Con el retiro de la Adenda por parte del gobernador regional, el Convenio de Programación Minsal-Gore Magallanes mantendrá su vigencia solo hasta el próximo año. Son 31 iniciativas las que abarca este acuerdo y representa una inversión total que supera los 175 mil millones de pesos, con una estructura de financiamiento que establece que el sector Salud aporte la mayor parte, con el 61,5%, mientras que el Gore Magallanes aporta lo restante. Sin embargo, la ejecución de la cartera es lo que ha tensionado las relaciones institucionales.

A través de la Ley de Transparencia, la subsecretaría de Redes Asistenciales entregó el estado de avance de los proyectos al mes de agosto de 2025. El informe muestra que 5 de las 31 iniciativas se encuentran catalogadas oficialmente como terminadas. Entre las concluidas figuran la reposición del Cesfam Thomas Fenton, la construcción del Sar Juan Damianovic y proyectos de Atención Primaria, además de la adquisición de equipos e insumos Covid-19.

Por otro lado, dentro del proyecto “Plan de Reposición Urgente de Equipos Médicos” se incluye instrumental de alto costo que también fue entregado, como el acelerador lineal y el resonador magnético. La misma situación rige para el proyecto “Reposición y adquisición de equipos asociados al Plan Nacional de Cáncer”, ambos reportados como “entregado/en proceso de compra”.

A pesar de los avances, el documento de Transparencia evidencia que una parte significativa de las iniciativas (15) se encuentra estancada en las etapas iniciales de formulación y estudio, sin alcanzar la madurez necesaria para la ejecución. La subsecretaría aclara que todas las iniciativas que no tienen un código Bip asignado se encuentran en la “fase de formulación e ingreso al Sistema Nacional de Inversiones (SNI)”, careciendo de información financiera para registrar a la fecha.

En razón de lo anterior, la tabla entregada lista al menos 15 proyectos sin código Bip. El grupo incluye iniciativas de alta relevancia, como la adquisición de equipamiento médico digital, salas cuna, normalización y construcción del segundo Cesfam Damianovic y las cuatro bases Samu (norte, sur, Porvenir y Puerto Natales).

Algunos proyectos con código Bip, como la reposición de la Posta de Salud Rural de Villa Dorotea, la reposición de la Posta de Timaukel, la normalización del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Etapa I del Hospital Clínico, y proyectos de ampliación del Cesfam (Dr. Mateo Bencur y Carlos Ibáñez), se encuentran en la etapa de “estudio sin Rate” (sin Resultado de Análisis Técnico-Económico favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia), lo que confirma que el proceso de formulación técnica es la principal causa de ralentización en la mayoría de la cartera de inversión.

Para profundizar en las razones por las que muchos de estos proyectos no han avanzado, El Magallanes contactó y entrevistó a representantes del Servicio de Salud Magallanes y del gobierno regional, quienes explicaron sus posiciones y posturas.

“Factores externos”

Desde el Servicio de Salud Magallanes (SSM), la directora Verónica Yáñez recordó que este convenio inició en pandemia y “han sido diversas las situaciones, como indicaciones de la Ley 21.331 del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental, directrices del nivel central en cuanto a proyectos de las bases Samu o factores externos a nuestra gestión y accionar, que han ralentizado la ejecución del gasto sectorial, llevando a un gasto equitativo 50/50 al día de hoy”.

Respecto del retiro de la Adenda de salud, que extendía el convenio y sus montos, Yáñez reforzó que se “proponía un 73% sectorial y 27% FNDR, concentrando el mayor monto sectorial en el proyecto de salud mental y geriatría, que alcanza los (M$) 63.774.390”.

Por otro lado, Laura Montenegro, jefa del Departamento de Estudios e Inversiones de la Subdirección de Recursos Físicos del SSM, explicó que el proceso de formulación de proyectos es “largo y complejo”.

Respecto de las bases Samu que están sin código, indicó que el Minsal recién publicó la metodología para formular este tipo de bases a mediados de año y están realizando un estudio a nivel nacional sobre la necesidad de estas, que debe concluir dentro de este año para poder presentar los proyectos.

En cuanto a las salas cuna de Puerto Williams y el hospital Porvenir, la explicación es que estos proyectos quedan obsoletos por una mayor participación y presencia de Junji e Integra en los territorios.

El proyecto de construcción del edificio de Salud Mental y Geriatría, con RS desde 2022, tuvo que ser reevaluado. La iniciativa fue retirada de Contraloría debido a un reclamo de consejeros, ya que la forma de tratamiento atentaba contra la Ley 21.331. Esto obligó a un rediseño para que la atención cerrada de salud mental quede adosada al hospital, y geriatría y hospital de día en el terreno original.

Un megaproyecto que buscaba normalizar el Hospital Clínico a través de la construcción de un Centro de Diagnóstico y Tratamiento quedó en pausa por cambio de prioridades y la idea de fusionarlo con otro proyecto, según estaba previsto en la adenda ya retirada. Montenegro explicó que se ha avanzado en los módulos de la oferta y que el objetivo para 2026 es avanzar la propuesta para postular a diseño.

Gore como entidad
 financiera

Desde el gobierno regional, la administradora Eugenia Mancilla respondió a las consultas del diario, indicando inicialmente que el aporte del Gore al convenio de programación corresponde a $82.722.016 millones, que representan un 38,5% del total. El porcentaje de ejecución de los aportes del Gore al mes de octubre de 2025 es de $19.092.331 millones, lo cual representa un avance financiero de un 54%.

Mancilla explicó que “el Gore no actúa como Unidad Técnica en este convenio. Somos la entidad financiera”, aclaró. En esa línea, “implica que siempre la función formuladora de cada proyecto recae en el sector; mientras ese proceso no avance, nosotros no podemos liberar los recursos”.

Más explícitamente, sostiene que “los retrasos sectoriales no dependen de que el Gore agilice procesos para liberar y transferir sus fondos”. La base para desarrollar un proyecto con fondos regionales “depende única y exclusivamente de la gestión (agilidad) que realice el sector Salud en formular el proyecto y someterlo a la evaluación económica del Ministerio de Desarrollo Social, hasta obtener la Recomendación Satisfactoria (RS) de los mismos”.

“El ritmo lo pone el SSM”, plantea Mancilla en sencillo, para llegar a su madurez. Cuando se trata de grandes obras civiles, como construcción de postas y Cesfam, “las materias de salud son prioritarias”. En cambio, las iniciativas de adquisición de equipos o equipamiento “son evaluadas técnica y económicamente por este gobierno regional (…) Este tipo de iniciativa siempre tiene prioridad en su evaluación”.

Mancilla fue consultada por las garantías de que las iniciativas parte del convenio sean efectivamente ejecutadas, teniendo en cuenta el plazo límite del 2026. “El gobierno regional no puede garantizar su materialización, en tanto —como señalé anteriormente— el ritmo de ejecución lo decide el Servicio de Salud Magallanes”. Al respecto, agrega que “hay un permanente diálogo por parte del gobernador y consejeros regionales con el sector, para acelerar la materialización de iniciativas prioritarias para la comunidad”.

Para cerrar la entrevista, Mancilla esbozó una crítica al nivel central: “Una limitante siempre es la pertinencia técnica que otorga el Ministerio de Salud, donde muchas veces nuestras prioridades son cuestionadas o derechamente no son atendidas”.