La fiscalización que Punta Arenas necesita sostener en el tiempo

La decisión anunciada por la municipalidad de Punta Arenas de emprender acciones coordinadas junto a la Fiscalía, la PDI, Carabineros, Aduanas y la Dirección de Obras Municipales para enfrentar las fiestas y locales clandestinos es, sin duda, un paso en la dirección correcta. Después de años en que estos espacios se expandieron sin control, generando riesgos evidentes para la seguridad, la salud pública y la convivencia barrial, la señal de un trabajo interinstitucional robusto es más que bienvenida.

El diagnóstico es claro y preocupante: 16 puntos -entre fiestas clandestinas en zonas periurbanas y locales que funcionan de manera irregular o derechamente ilegal- se han convertido en focos de delito, desorden e inseguridad. No se trata sólo de ruido o molestias. La ausencia de condiciones mínimas de seguridad abre la puerta a incendios, intoxicaciones, violencia, presencia de menores de edad, tráfico de drogas e incluso delitos de mayor gravedad. A ello se suma el mal uso de patentes comerciales y la operación encubierta de negocios que, al margen de toda regulación, degradan la vida comunitaria y generan una pésima experiencia a quienes visitan la ciudad.

Que la municipalidad haya convocado a todos los organismos competentes es una señal política relevante. Por primera vez se admite que ningún servicio, actuando por separado, puede abordar un fenómeno que combina falencias urbanísticas, incumplimientos comerciales, delitos asociados al alcohol y las drogas, y riesgos para la integridad física de las personas. Esta articulación es indispensable, pero debe ser entendida como un punto de partida, no como un hito aislado.

Porque la experiencia local -y la evidencia en otras ciudades del país- muestra que los operativos puntuales sólo generan impactos momentáneos. Los responsables se mueven, se reorganizan o reabren con otros nombres, mientras los vecinos vuelven a quedar expuestos. La disuasión real ocurre únicamente cuando la fiscalización es sostenida, sistemática y predecible; cuando los dueños de los inmuebles entienden que responderán por lo que ocurre dentro de sus propiedades; y cuando quienes lucran con estas actividades ilegales perciben que el riesgo supera con creces la ganancia.

Por eso, si bien corresponde valorar la iniciativa municipal y el trabajo de concejales que han insistido en visibilizar esta problemática, la ciudadanía debe exigir que este esfuerzo no caiga en la lógica del “operativo de fin de año”. La tranquilidad de los barrios, la salud de los jóvenes y la seguridad de quienes viven y visitan Punta Arenas dependen de que esta mesa de coordinación se mantenga activa, con resultados medibles y con una estrategia clara y permanente de control.

La comunidad necesita señales firmes. No basta con identificar los 16 puntos críticos. Es imprescindible actuar con continuidad, cerrar definitivamente aquellos que operan al margen de la ley, perseguir responsabilidades y construir una política de fiscalización que no se diluya cada vez que bajan los titulares.

Punta Arenas merece una ciudad donde la vida nocturna sea compatible con el respeto, la seguridad y la legalidad. Este plan es un buen inicio. Ahora corresponde sostenerlo.