“No porque tengamos menos casos vamos a bajar nuestra atención en instalar ambientes de respeto”

• La funcionaria afirma que las denuncias han caído de 160 en 2018-2019 a sólo cuatro anuales y reconoce que muchos hechos corresponden a décadas pasadas. Destaca que los obispos reportan casos de menores directamente a Fiscalía desde 2018.

Marcos Sepúlveda Loyola

Una crisis de credibilidad sin precedentes desencadenó, al interior de la Iglesia Católica chilena, las denuncias por abuso sexual a menores en contra de Fernando Karadima hace más de una década. Durante más de diez años, las denuncias en contra de sacerdotes se multiplicaron por las diócesis. En Magallanes, las denuncias contra Jaime Low, el salesiano Rimsky Rojas y Víctor Hugo Carrera remecieron a la opinión pública. La crisis en la Iglesia chilena obligó al fallecido Papa Francisco a enviar al monseñor Charles Scicluna a investigar; sus indagatorias obligaron a Su Santidad a convocar a toda la Conferencia Episcopal Chilena a Roma, donde todos los obispos chilenos presentaron su dimisión.

“Hoy la Iglesia es muy distinta”, declara Pilar Ramírez Rodríguez, directora del Departamento de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal, quien es uno de los rostros de esta Iglesia post crisis.

Es una de las laicas que quedó a cargo de recepcionar denuncias en nombre de monseñor Scicluna hasta diciembre de 2018. Hoy sigue recibiendo las denuncias que llegan directo a la Conferencia Episcopal.

Explica que la Iglesia cuenta con una política que tiene estándares e indicadores y que cada una de las diócesis la aplica. “Cuando viene una persona a denunciar, debe además ofrecer ciertas cuestiones que tienen que ver desde la terapia -si es que la persona la necesita- hasta el acompañamiento, si es que lo quisiera”, indica, y remarca la obligatoriedad que tienen de instruir procedimientos canónicos y asegurarse de que las personas concurran a denunciar los hechos al Ministerio Público.

Una de sus principales tareas es verificar que los protocolos de prevención de abusos se cumplan, y se dedica a recorrer las 29 jurisdicciones eclesiásticas realizando talleres a los sacerdotes. Bajo este contexto visitó la diócesis de Punta Arenas. Durante su paso por la capital regional concedió una entrevista a La Prensa Austral.

– ¿La Iglesia Católica chilena está abierta a seguir los pasos de Portugal, España o Francia e iniciar una gran comisión investigadora de casos de pederastia que pueda entregar la dimensión real de la crisis?

– “No puedo hablar en nombre de la Iglesia completa. Son los obispos los que tienen que tomar esa decisión. Pero cuando los obispos acceden y entregan toda la documentación para este estudio, están mostrando la realidad interna de la Iglesia. Si el Estado hace un estudio, tenemos ordenado y podemos decirle: esto es lo que tenemos”.

160 casos

– ¿Cómo ha variado el número de denuncias por abuso sexual dentro de la Iglesia chilena en los últimos años?

– “Te puedo hablar de mis propios números como receptora de denuncias. De 160 casos que recibimos entre 2018 y 2019, hoy estamos recibiendo 3 a 4 casos anuales, más o menos. No todos de abuso sexual. Han ido variando los tipos de denuncias. No necesariamente todos denuncian delito. Han estado apareciendo cuestiones como abuso de poder, abuso de conciencia”.

En 2023, la Universidad Católica publicó un informe que ayudó a cuantificar la magnitud de la crisis de pederastia al interior del clero chileno. Se halló que entre 1960 y 2023 se instruyeron procesos canónicos o civiles en contra de 225 sacerdotes y se detectaron 568 víctimas.

Estrategias de control, de aislamiento, erotización de vínculos, culpabilización en relación con las víctimas y, como constante, la posición del sacerdote en rol privilegiado fueron algunos de los patrones detectados en el estudio de la Católica. Este informe no se adentra en el rol que tuvieron los seminarios en la formación de estos pederastas. Ramírez enfatiza que hoy los sacerdotes tienen una malla curricular que habla sobre prevención de abusos.

– Existen otros informes elaborados que hablan de más de 350 sacerdotes acusados de abusos sexuales; el Ministerio Público en 2018 hablaba de un poco más de 150.

– “No hay metodologías iguales para estudios. De hecho, tú sabes que hay informes en Estados Unidos, España, Portugal, Australia, y ninguno tiene la misma modalidad. Y eso entonces no nos permite poder comparar. Si tú lees los cuatro apartados del libro de Juan Carlos Claret, claro, él habla desde el recorte de prensa de la denuncia -que pudo o no haber llegado a proceso- hasta otras cuestiones que efectivamente fueron condenadas canónicamente o estatalmente”.

– Muchos críticos sostienen que la Iglesia ha reaccionado más por presión pública que por convicción institucional. ¿Existe hoy una cultura interna que realmente incentive la denuncia temprana y la transparencia?

– “En 2018, cuando vuelven de Roma, los obispos hacen una asamblea plenaria extraordinaria y toman muchas decisiones en relación con esto”.

– ¿Presionados por el Papa?

– “Sí, pero en atención a… Yo estoy tratando de contestar lo que te dije. En atención a que el Código de Procedimiento Penal en Chile no incluye a los sacerdotes ni a los ministros de cultos en general como personas que están obligadas a denunciar; no están obligados por ley. Sin embargo, una de las cosas que deciden los obispos en esa asamblea plenaria es que ellos, cualquier denuncia que les llegue en relación con menores de edad, la van a dar a conocer a la Fiscalía, y esto es lo que se ha estado haciendo desde 2018”.

– ¿Y qué pasa con los mayores de edad?

– “Depende de la voluntad del mayor de edad”.

– En el pasado se documentaron casos de encubrimiento o manejo negligente por parte de obispos y superiores religiosos. ¿Qué controles existen actualmente para evitar que la autoridad local pueda ocultar información o retrasar procesos?

– “Hoy está canónicamente sancionado”.

Cumplimiento

– ¿Cómo se fiscaliza hoy el actuar de los obispos respecto a denuncias dentro de sus diócesis? ¿Quién supervisa su cumplimiento de los protocolos?

– “Por cuestiones estatutarias, la Conferencia Episcopal no tiene potestad sobre las diócesis. Los obispos son independientes. Sin embargo, los propios obispos se han dado normas como las líneas guía, y al Departamento de Prevención le dieron también en 2018 la facultad de seguimiento y acompañamiento”.

-¿Cree que la Iglesia chilena ha hecho lo suficiente para aclarar casos antiguos no resueltos o aún existen zonas de opacidad?

– “Creo que la Iglesia ha colaborado en todo con lo que ha estado llamada a colaborar con la justicia civil. Se trató de abrir un tremendo caso muy general, como para probar casi que había colusiones internas para encubrirse unos a otros, y eso no se logró general probar. La Fiscalía me llevó todas las carpetas; tiene todos los documentos. Y entonces, yo estoy segura de que la Fiscalía ha hecho un trabajo consensuado en eso. Estamos esperando desde hace ya muchos años no sólo que nos devuelvan los documentos, sino también cuáles fueron los resultados de eso”.

Conferencia Episcopal

– ¿Usted cree que en la Conferencia Episcopal de aquella época en ningún minuto se concertó para encubrir casos?

– “Es que yo no me puedo pronunciar sobre eso. Primero, no estaba yo con esa Conferencia Episcopal; entonces, si yo hubiera estado podría haber tenido elementos para poder hacerme esa idea que tú dices, pero no los tengo, no trabajaba ahí”.

– ¿Qué tipo de acompañamiento y reparación están recibiendo actualmente las víctimas? ¿Existe un modelo estándar o depende de cada diócesis?

– “Hay una norma general dictada por la Iglesia Universal que les pide a las autoridades que ofrezcan atención profesional, psicológica, psiquiátrica o médica y además acompañamiento espiritual. Y eso se concreta en cada una de las diócesis de forma distinta según los recursos. Si llega a una diócesis un caso y esa persona necesita atención, se le paga atención”.

– ¿Qué falta por hacer en materia de prevención?

– “Tenemos que trabajar más sostenidamente en la reparación, yo creo. Hay muchos líos en el camino (…) Creo que las autoridades ya entienden que la reparación es de forma integral. Cuando hablamos de reparación no estamos hablando de indemnización de recursos solamente (…) Esto no ha pasado; no porque tengamos menos casos vamos a bajar nuestra atención en instalar ambientes de respeto por la dignidad de las personas”.