La polémica en torno a los Fril

La aprobación del Presupuesto Regional 2026, por cerca de 90 mil millones de pesos, debió ser una buena noticia para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Sin embargo, la eliminación del Fondo Regional de Iniciativa Local (Fril) terminó por opacar ese hito y abrió una polémica que trasciende el debate técnico para instalarse de lleno en el terreno de la confianza institucional y la relación entre el gobierno regional y los municipios.

La reacción transversal de los diez alcaldes y alcaldesas de la región -desde la izquierda a la derecha- no es menor ni antojadiza. El Fril ha sido, durante años, una de las pocas herramientas que entregaba certezas presupuestarias a las comunas para ejecutar proyectos de infraestructura menor, pero de alto impacto directo en la vida cotidiana: sedes sociales, cuarteles de Bomberos, equipamiento urbano, seguridad y mejoras básicas largamente postergadas. Su eliminación, sin una comunicación clara ni un proceso de diálogo previo, abre una polémica inesperada al finalizar este año.

Los argumentos expuestos por el gobernador Jorge Flies -baja ejecución histórica, concentración en plazas y áreas verdes, y la posibilidad de postular iniciativas por otras vías- merecen ser analizados con rigor. No obstante, aun si esos diagnósticos fueran correctos, la forma importa tanto como el fondo. Cambiar reglas del juego cuando los municipios ya planifican su cartera de inversiones, y hacerlo en plena discusión presupuestaria, debilita la coordinación territorial y alimenta la percepción de discrecionalidad política en la asignación de recursos.

El cuestionamiento planteado por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sobre la “pérdida de certezas” no es solo una crítica coyuntural. En regiones extensas y diversas como Magallanes, la planificación comunal depende en gran medida de marcos presupuestarios estables y conocidos. Sustituirlos por mecanismos abiertos, sujetos a evaluación caso a caso y sin calendarización definida, concentra poder en el nivel regional y tensiona el espíritu descentralizador que dio origen a los gobiernos regionales electos.

A ello se suma un elemento político no menor: hace poco más de un año, el propio gobernador anunció el fortalecimiento del Fril, elevando el tope de los proyectos a 300 millones de pesos. La reversión de esa señal, sin una explicación suficientemente socializada, erosiona la credibilidad de los compromisos asumidos y profundiza el malestar municipal.

Más allá de quién tenga razón en el detalle técnico, esta controversia deja una lección clara. La descentralización no se mide solo por el volumen del presupuesto regional, sino por la calidad de los procesos, la transparencia en las decisiones y el respeto por los actores locales. Si el gobierno regional aspira a liderar un desarrollo equilibrado y colaborativo, el diálogo con los municipios no puede ser una formalidad posterior, sino una condición previa.