Más de $6 mil millones en tres años habrían movilizado red de corrupción en Gendarmería

Se desarrolló la segunda jornada de la audiencia de formalización de los 70 imputados —47 funcionarios de Gendarmería y 23 civiles— detenidos en el marco de la denominada “Operación Apocalipsis”, investigación que permitió destapar una compleja red de corrupción al interior del sistema penitenciario.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los imputados vulneraron protocolos de seguridad en distintos recintos penales, entre ellos Santiago 1 y San Joaquín, con el fin de facilitar el ingreso de elementos prohibidos y autorizar visitas irregulares en beneficio de personas privadas de libertad.

El fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, detalló que la organización logró movilizar más de 6.000 millones de pesos en un período de tres años, utilizando mecanismos para ocultar el origen ilícito de los fondos. Durante la audiencia, el persecutor explicó que parte de las operaciones se realizaron mediante transferencias bancarias destinadas a aparentar legalidad y dificultar la trazabilidad del dinero.

“El imputado Valenzuela Quezada recibió 146 transferencias por más de 12 millones de pesos, realizadas por un tercero que actuaba como prestacuenta, con el objetivo de separar los ingresos de su fuente ilícita”, señaló Pastén.

El Ministerio Público imputó a los funcionarios de Gendarmería los delitos de asociación criminal, cohecho y lavado de activos, mientras que a los 23 civiles se les atribuye el delito de soborno. La audiencia se extenderá por varios días debido al elevado número de imputados, quienes permanecen detenidos desde el pasado martes 16 de diciembre.

En paralelo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que el Gobierno ingresará a comienzos de enero una reforma constitucional para que Gendarmería pase a depender directamente de esa cartera.