Contrabando organizado: una amenaza de alta connotación para Magallanes

El reciente veredicto condenatorio contra la banda criminal denominada “Sin Fronteras” marca un hito judicial relevante para la Región de Magallanes, no sólo por la magnitud del proceso -más de dos meses de juicio oral y 21 personas finalmente condenadas-, sino porque vuelve a poner en evidencia uno de los delitos de mayor connotación social y económica que enfrenta el extremo sur del país: el contrabando organizado, asociado a estructuras criminales transnacionales y al lavado sistemático de activos.

Lejos de tratarse de hechos aislados o de infracciones menores, el caso “Sin Fronteras” desnuda un fenómeno que ha ido complejizándose en el tiempo. La Fiscalía logró demostrar que esta organización operaba como una verdadera “empresa criminal”, con jerarquías claras, roles definidos, contabilidad interna, logística especializada y vínculos fuera de las fronteras nacionales. En una región estratégica como Magallanes -puerta de entrada y salida hacia Argentina, Tierra del Fuego y el Cono Sur- este tipo de delitos adquiere una gravedad especial.

El contrabando de cigarrillos, mercancía afecta a tributación especial, no sólo implica una defraudación millonaria al Fisco -estimada en cerca de $200 millones solo en las operaciones acreditadas en este caso-, sino que genera un efecto corrosivo sobre la economía formal, fomenta mercados ilícitos y financia otras actividades delictuales. En territorios con economías locales más acotadas, como Magallanes, el impacto es aún más profundo, pues distorsiona la competencia, afecta a pequeños comerciantes y debilita la recaudación que sostiene políticas públicas esenciales.

La investigación también revela un nivel de sofisticación preocupante. Caravanas con vehículos de seguridad, camioneros que ingresaban carga ilícita camuflada en transporte legal, “puntas” para alertar sobre controles policiales y una coordinación precisa en rutas y pasos fronterizos. Todo ello aprovechando la extensión territorial, las condiciones geográficas y la intensa circulación binacional que caracteriza a la región. No es casualidad que el contrabando siga siendo uno de los delitos más persistentes en Magallanes. Encuentra aquí un escenario propicio si no existe una vigilancia permanente y recursos adecuados.

A ello se suma el lavado de activos, quizás el aspecto más grave del caso. El uso de “palos blancos”, el llamado “pitufeo” para burlar los controles financieros, el transporte físico de divisas y la utilización de casas de cambio evidencian que no se trataba únicamente de traficar mercancía, sino de insertar sistemáticamente dinero ilícito en el circuito económico. Cuando el crimen organizado logra blanquear recursos, se fortalece, se expande y se vuelve más difícil de erradicar.

El veredicto condenatorio, y las penas solicitadas que podrían llegar hasta los 20 años de cárcel para los líderes, envían una señal clara, en cuanto a que el Estado puede y debe responder con firmeza frente a organizaciones criminales de este nivel. El trabajo coordinado del Ministerio Público, la PDI, Aduanas y otros organismos demuestra que la persecución penal es posible cuando existen investigaciones profundas y sostenidas en el tiempo.

Sin embargo, este caso no debe leerse como un punto de cierre, sino como una advertencia. Magallanes requiere políticas permanentes de control fronterizo, fortalecimiento de las capacidades de fiscalización y mayor inversión en inteligencia financiera y aduanera. La experiencia demuestra que cuando una banda cae, otras intentan ocupar su lugar si no se abordan las causas estructurales que permiten la instalación de estas redes.