Despidos de profesores

El anuncio del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, realizado en plena Navidad, confirmó lo que por meses temían las comunidades escolares: la desvinculación de sobre 120 docentes y alrededor de 90 asistentes de la educación a partir de 2026. 

Esto es justificado por la reducción de cerca de 2.700 horas docentes en el sistema público regional. Pero, más que una cifra, esta medida evidencia que el país continúa enfrentando el mismo problema estructural de financiamiento escolar que se planteó al inicio de este gobierno.

El Colegio de Profesores expresó su profunda decepción. La presidenta regional, Alicia Aguilante, resumió el sentimiento de sus colegas: el gobierno prometió cambios en el financiamiento y deja el sistema con la misma lógica que recibieron: pago por asistencia y no por matrícula, lo que perjudica especialmente a escuelas con alta dispersión territorial y baja densidad de estudiantes. Según Aguilante, las desvinculaciones no responden a criterios pedagógicos ni técnicos, sino exclusivamente a decisiones presupuestarias centralizadas, dejando en incertidumbre a comunidades y equipos que sostienen el sistema día a día.

El malestar se profundiza por la forma y el momento del anuncio. Informar los despidos en plena Navidad genera alarma y desprotege a quienes quedarán fuera. Además, el Slep Magallanes ha operado durante gran parte del año con autoridades subrogantes, y las decisiones finales dependen de nivel central, reproduciendo el centralismo que la creación de los Servicios Locales de Educación Pública buscaba superar. La percepción del Colegio de Profesores es que los equipos locales carecen de autonomía para garantizar estabilidad y continuidad de los proyectos educativos.

Paralelamente, parlamentarios de la región también cuestionaron la medida, pero enfrentan críticas de coherencia: fueron ellos quienes aprobaron la Ley de Presupuestos 2025 que establece los límites de gasto que hoy se invocan para justificar las desvinculaciones. Diputados y senadores señalan que se evaluará la posibilidad de reincorporar docentes antes de marzo y priorizar casos según normativa, pero la sensación de incertidumbre y precarización persiste entre la comunidad educativa.

Para el gremio, lo que ocurre en Magallanes refleja una crisis estructural del sistema: desvincular personal experimentado, fragmentar equipos y normalizar la lógica de “se verá en marzo” no fortalece la educación pública ni protege la calidad de la enseñanza. Las decisiones centralizadas, cuando se justifican solo por restricciones presupuestarias, terminan afectando directamente a los estudiantes y sobrecargando a los docentes que permanecen.