“Ley de Amarre”: delegado Ruiz sale al paso de las críticas y asegura que proyecto no protege cargos de confianza

El delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, salió al paso de las críticas surgidas desde la oposición por la norma impulsada por el gobierno en la ley de reajuste al sector público, que establece mayores exigencias para la no renovación de funcionarios a contrata, descartando que se trate de un “amarre” de cargos políticos de la actual administración.

La autoridad regional enfatizó que la iniciativa en discusión distingue claramente entre los funcionarios a contrata -muchos de ellos con años de servicio en el Estado- y los cargos de exclusiva confianza política, como jefaturas de gabinete y equipos asesores, cuyos contratos finalizan junto con el término del periodo de gobierno. “En el caso del equipo que me acompaña en la Delegación, son cargos de gabinete que llegaron con este gobierno y que, como corresponde, terminan su contrato con la actual administración”, señaló.

Ruiz Pivcevic recalcó que el proyecto no busca impedir desvinculaciones, sino que estas sean debidamente fundamentadas. “Lo que se establece es que la no renovación de una contrata debe ser mediante un acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, y no sólo invocando de manera genérica las necesidades del servicio”, explicó. Agregó que esta discusión ya fue abordada en comisiones del Parlamento y contó con apoyo transversal en esa instancia.

La polémica se originó a partir de la indicación del Ejecutivo que señala que la no renovación de contratas en diversos organismos públicos deberá sustentarse en criterios objetivos y acreditables, lo que permitiría a funcionarios con al menos dos años de servicio continuo reclamar por eventuales vicios de legalidad ante la Contraloría General de la República.

Desde la oposición, así como desde algunos sectores del oficialismo, se ha cuestionado la medida al considerar que podría asegurar la permanencia de funcionarios incorporados durante el actual gobierno. De acuerdo con un informe del centro de estudios Horizontal, basado en datos de la Dirección de Presupuestos, cerca de 32.700 funcionarios a contrata ingresaron al Estado durante la administración del Presidente Gabriel Boric y podrían verse beneficiados por la norma, principalmente en los sectores de salud y educación.

Consultado por cifras a nivel regional o nacional, el delegado indicó que no maneja un número específico de funcionarios que podrían verse beneficiados, subrayando que la discusión continuará en el Parlamento. “Será materia legislativa seguir perfeccionando esta norma, que ya venía con una discusión previa y bastante transversal”, concluyó.