Entre la justicia y la fuerza: la captura de Nicolás Maduro y las grietas del orden internacional

La captura de Nicolás Maduro ha abierto un debate que trasciende la política latinoamericana y vuelve a interpelar los cimientos del derecho internacional contemporáneo. Más allá del desenlace inmediato, el hecho expone el fracaso de los mecanismos de negociación política, la pérdida de liderazgo de los organismos multilaterales y el creciente predominio de decisiones unilaterales impulsadas por Estados Unidos, incluso cuando ello tensiona principios fundamentales del sistema internacional.

La captura de Maduro simboliza, en ese sentido, no sólo la caída de un liderazgo autoritario, sino también la derrota de la diplomacia como instrumento de resolución de conflictos.

Desde la óptica jurídica, el episodio plantea interrogantes inquietantes. La intervención unilateral que posibilitó su detención tensiona principios básicos del derecho internacional, como la prohibición del uso de la fuerza, la no intervención en asuntos internos de los Estados y el respeto a la soberanía como eje del sistema internacional. Cuando un Estado asume para sí la facultad de capturar a un dirigente extranjero fuera de su territorio, sin mandato judicial internacional o sin una resolución multilateral clara, se abre una peligrosa puerta a la extraterritorialidad selectiva de la justicia.

No se trata de defender a un gobernante cuya trayectoria política está marcada por graves denuncias de violaciones de derechos humanos, corrupción, persecución interna y -al menos en los dos últimos procesos eleccionarios- el desconocimiento de la voluntad soberana de su propio pueblo. Se trata, más bien, de advertir que la legitimidad de cualquier proceso de justicia internacional depende tanto de su resultado como de los procedimientos que lo sustentan. 

El vacío que dejaron los organismos multilaterales resulta evidente. La región y la comunidad internacional no fueron capaces de articular una salida política robusta, ni de sostener una mediación creíble, ni de garantizar mecanismos efectivos de rendición de cuentas. 

Sin embargo, cualquier análisis jurídico o geopolítico sería incompleto si ignorara la dimensión humana del momento. Para millones de venezolanos que se vieron forzados al exilio -muchos de ellos dispersos por América Latina- la caída de Maduro representa alivio, esperanza y, en no pocos casos, una legítima alegría. No se trata de una celebración abstracta, pues es el reflejo del deseo profundo de regresar a su tierra, recomponer familias separadas, reconstruir proyectos de vida fracturados por la crisis y, sobre todo, recuperar la dignidad de una ciudadanía que durante años se sintió expulsada de su propio país.

Esa emoción, comprensible y humana, convive con una paradoja: la caída de un gobernante autoritario no necesariamente garantiza un camino institucionalmente legítimo hacia la democracia. Los procesos históricos demuestran que las transiciones sostenibles requieren verdad, justicia y reformas políticas, pero también respeto al derecho, certezas institucionales y acuerdos sociales mínimos. 

La pregunta que se abre hacia adelante no es sólo qué ocurrirá con Maduro, sino qué modelo de justicia y de reconstrucción política guiará el futuro venezolano. 

Entre la alegría legítima de un pueblo que anhela volver a su hogar y la preocupación por los métodos que hicieron posible este desenlace, se revela el dilema central de nuestro tiempo: cómo hacer compatible la necesidad de justicia con el respeto irrestricto a los principios que sostienen la convivencia internacional. Sólo allí donde ambos caminos convergen, la democracia puede renacer sobre bases duraderas.