Crisis de financiamiento en salud municipal: alcalde Radonich exige certezas al Minsal ante cierre provisorio del Sapu 18 de Septiembre

• El jefe comunal envió un oficio a la ministra Ximena Aguilera alertando sobre el impacto negativo en la continuidad de las prestaciones y servicios de urgencia debido a un desfase administrativo entre la firma de convenios y la transferencia de fondos por parte del Servicio de Salud Magallanes.

La salud municipal de Punta Arenas atraviesa un complejo escenario marcado por la incertidumbre financiera y administrativa. El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, ha liderado una ofensiva para exigir al Ministerio de Salud (Minsal) la liberación de recursos que permitan dar continuidad a los dispositivos de urgencia, tras verse forzado a decretar el cierre provisorio del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (Sapu) del sector 18 de Septiembre durante el periodo estival.

La raíz del problema radica en un “gran desfase” entre la formalización de los convenios y la transferencia efectiva de los dineros por parte del Servicio de Salud Magallanes. Según el alcalde, esta situación ha generado una “nebulosa” que el Gobierno debe aclarar de forma inmediata, puesto que la falta de información técnica y financiera impide proyectar el funcionamiento de cerca de 40 programas de salud municipal. 

Al respecto, el edil recordó que meses atrás, la Subsecretaría de Salud indicó posibles rebajas en montos de programas históricos, pero sin entregar detalles concretos, calificando el escenario actual como un retraso “nunca visto históricamente” que evidencia una gestión nacional que no está a la altura de los requerimientos locales.

Para la autoridad comunal, la principal respuesta que espera de la ministra Ximena Aguilera es la obtención de “certeza y sobre todo el financiamiento para mantener finalmente todos los dispositivos operativos”. 

Para envió un oficio a la cartera de salud, donde se esgrime que la demora impacta directamente en la atención de los usuarios, especialmente en los servicios de urgencia, causando una “fragmentación en la continuidad de las prestaciones”. 

Ante esta demora, la Corporación Municipal (Cormupa) ha debido realizar un esfuerzo económico extraordinario para financiar los programas con fondos internos, una situación que Radonich considera insostenible y que catalogó como una irresponsabilidad por parte del Ejecutivo: “Creo que lo más irresponsable justamente es jugar con la salud pública, que es una obligación del gobierno”.

Cierre del Sapu 

La decisión de cerrar el Sapu18 de Septiembre se fundamenta en un criterio técnico y de optimización de recursos. De acuerdo con datos de la Cormupa, este dispositivo presenta la menor demanda en la época de verano, con un promedio de 20 a 21 usuarios diarios. 

Víctor Fuentes, director del Área de Salud de la Cormupa, precisó que mantener la red de urgencia completa tiene un costo mensual de entre 60 y 70 millones de pesos, por lo que se optó por redistribuir al personal para reforzar el Sar Juan Damianovic y los Sapu Carlos Ibáñez y Mateo Bencur. 

Sin embargo, el alcalde reconoció la sensibilidad del cierre en un barrio con alta población de adultos mayores: “Estamos defendiendo a los usuarios de un sector tan importante como la 18 que está compuesto por mucha gente mayor, por tanto los desplazamientos sabemos que es más complicado”.

La decisión no ha estado exenta de polémicas. El concejal Jonathan Cárcamo denunció que el cierre se informó a los funcionarios “de manera sobre la marcha”, generando incertidumbre laboral, mientras que Tatiana Leuquen, de la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo, criticó lo que llamó una “mirada mercantilista” de la salud al utilizar el criterio de baja asistencia para justificar el cese de funciones. Por su parte, el Comité Pro Adelanto del Barrio 18 de Septiembre advirtió que la medida afecta directamente a cerca de 15 mil vecinos del sector.

Para enfrentar esta crisis, el alcalde ha movilizado distintas instancias, enviando el oficio no sólo al ministerio, sino también a parlamentarios regionales con el fin de que se entienda que “este no es un tema político”, sino una defensa de los usuarios. 

El próximo lunes, la Comisión de Salud del Concejo Municipal, liderada por la concejala Marcela Laisle, sostendrá una reunión clave con representantes de la Cormupa, el Servicio de Salud y gremios del sector. En dicha instancia, se espera obtener un apoyo transversal para exigir que el Gobierno “libere los dineros para que todos los Sapu funcionen como ha sido la tónica siempre” y evitar que la comunidad se vea perjudicada por problemas de gestión centralizada.