Contraloría detectó desorden financiero en la dirección regional de la Junji

• El organismo fiscalizador se abstuvo de emitir opinión sobre los estados financieros 2022, tras constatar
  inconsistencias en costos de inversión, rendiciones no contabilizadas y deficiente control de activos.

Una de las instituciones que presentó desórdenes en sus estados financieros, según un informe de la Contraloría General de la República, fue la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).

A nivel regional, se detectó falta de respaldo en los costos de inversión, rendiciones no contabilizadas, deficiente control de bienes, uso incorrecto de cuentas de anticipos y falencias en la gestión de licencias médicas. Las mismas observaciones fueron identificadas en la institución a nivel central.

Estas observaciones corresponden al Informe Final de Auditoría de 2023, referido al ejercicio contable 2022. Frente a este escenario, la Contraloría determinó una abstención de opinión sobre los estados financieros de la entidad.

El ente fiscalizador constató la falta de detalle en la composición de las cuentas de inversión, que incluían $691.940.589 en obras civiles, $5.066.952 en otros gastos y más de $10.000 millones en costos acumulados de proyectos, sin el debido respaldo que permitiera validar dichas cifras.

Asimismo, se detectó que la dirección regional de Magallanes presenta una diferencia significativa de $701.034.728 entre lo informado en las planillas de control de procesos y lo registrado en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE II). Mientras las planillas consignan un monto de $1.404.618.064, el sistema contable registra $703.583.336. Según la Contraloría, encabezada por Dorothy Pérez, esta situación implica la existencia de rendiciones efectuadas por los sostenedores que no han sido revisadas, aprobadas ni contabilizadas por la dirección regional, lo que genera una sobrevaloración de las cuentas por cobrar y una subvaloración del gasto patrimonial.

En Magallanes también se constató una diferencia de $187.228.623 entre los saldos de los auxiliares regionales y el saldo contable. La Junji regional informó un saldo de $1.336.859.865 en sus registros auxiliares, mientras que en la contabilidad oficial se consignó un monto de $1.149.631.242.

Adicionalmente, la Contraloría detectó una merma de $62.564.725 entre el saldo de arqueo y el saldo contable del registro de boletas de garantía. El saldo de arqueo corresponde al monto que se verifica de manera física o documental durante una auditoría, mientras que el saldo contable es el que figura en los registros oficiales de la institución.

La Junji a nivel regional se suma así al municipio de Primavera, donde el ente contralor también se abstuvo de emitir opinión sobre los estados financieros.

Ante este escenario, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, llamó a las direcciones regionales, seremías y otros organismos públicos a colaborar y atender oportunamente los requerimientos de la Contraloría, en el marco de las 73 entidades que, entre 2020 y 2024, presentaron desórdenes financieros.

Según consignó El Mercurio, el desorden financiero detectado a nivel nacional equivale a US$17 mil millones, cifra que representa cerca de un sexto del presupuesto nacional proyectado para 2026.

Por institución, el ministerio de Defensa concentra el mayor monto de recursos objetados en las abstenciones de opinión emitidas por la Contraloría, con un equivalente a US$4.568 millones, seguido por el Ministerio de Vivienda, con US$1.870 millones, y el Ministerio del Interior, con US$1.753 millones. En el ámbito municipal, en tanto, las cifras cuestionadas alcanzan un total equivalente a US$1.605 millones.

La Contraloría explicó que este resultado se debe a que los auditores no lograron obtener evidencia suficiente y adecuada que respaldara los saldos contables, principalmente debido a debilidades en los controles internos, inconsistencias en los registros contables, falta de análisis que sustenten las cifras reportadas, así como problemas en los sistemas informáticos y en la gestión de los recursos públicos.