Fide XII y el quiebre de la confianza
La decisión del gobierno regional de Magallanes de denunciar ante el Ministerio Público a la Fundación para el Desarrollo de Magallanes (Fide XII) es más que un acto administrativo ante aparentes irregularidades e ilegalidades. Se trata de un quiebre profundo en una relación histórica basada en la confianza, la colaboración social y el rol subsidiario que muchas fundaciones han cumplido en áreas donde el Estado no siempre llega con la rapidez o la cercanía necesarias.
Los antecedentes son graves. No se habla de simples errores formales o retrasos puntuales en rendiciones, sino de la imposibilidad de justificar $156 millones de recursos públicos transferidos entre 2021 y 2022, de fondos no restituidos pese a reiterados requerimientos y, lo más delicado, de la detección de documentos tributarios duplicados utilizados para rendir proyectos distintos. Cuando el mismo comprobante sirve para justificar dos iniciativas, la frontera entre el desorden administrativo y una eventual irregularidad penal deja de ser difusa.
El propio gobernador regional, Jorge Flies, fue claro al señalar que la fundación “colapsó” administrativamente. Y ese colapso no es una excusa. Es, precisamente, la razón por la cual la autoridad está obligada a actuar. El gobierno regional no administra recursos únicamente, sino que resguarda el interés público. Cuando se agotan las instancias administrativas, las advertencias y los plazos extraordinarios, judicializar se transforma en una obligación ética y legal, no en una persecución arbitraria.
Este caso duele aún más porque Fide XII no es cualquier institución. Está vinculada al Obispado de Punta Arenas y por años fue ejecutora de programas sensibles: albergues, residencias de adultos mayores, atención a personas en situación de calle, migrantes y usuarios del sistema público de salud. La pérdida de esos programas, el impacto laboral y la incertidumbre generada en cientos de beneficiarios son parte del daño colateral que deja una gestión deficiente o irresponsable.
Pero la reflexión debe ir más allá de una sola fundación. Este episodio tensiona todo el sistema de transferencias a entidades sin fines de lucro y obliga a una revisión profunda de los mecanismos de control, seguimiento y acompañamiento institucional. No basta con transferir recursos con buenas intenciones; se requiere capacidad de gestión, probidad y profesionalismo sostenido en el tiempo. De lo contrario, quienes terminan pagando el costo son las comunidades más vulnerables y, paradójicamente, las organizaciones serias que sí cumplen, pero que ahora enfrentan un clima de desconfianza generalizada.
También es necesario que las responsabilidades se asuman con nombre y apellido. La denuncia apunta tanto a la anterior como a la actual representación legal de Fide XII, lo que demuestra que la crisis no es reciente ni atribuible a una sola administración interna. La justicia deberá determinar si hubo delito, pero políticamente el daño ya está hecho.
