Fiscalizar la Antártica: probidad y soberanía sin excepciones

La fiscalización realizada por la Contraloría General de la República en la Antártica Chilena constituye un hecho inédito y de alto valor institucional. Calificada por el propio organismo como un “hito oficial de Chile”, esta acción marca la primera vez que, en casi cien años de existencia, una delegación encabezada por la contralora general, Dorothy Pérez, se constituye en el territorio antártico para ejercer control directo sobre actos administrativos y uso de recursos públicos.

El despliegue se realizó en la Base Aérea Presidente Frei, la principal instalación chilena en el continente blanco, y abarcó cuatro áreas clave, como son operaciones y logística, medio ambiente, personal y obras públicas. La fiscalización incluyó la revisión de dependencias, infraestructura y sistemas críticos, como el control de pasajeros, la torre de control, los mecanismos de rescate, estaciones meteorológicas, médicas y de abastecimiento de agua, así como el cumplimiento de normas medioambientales y la gestión de residuos.

El alcance de este procedimiento no es menor. La presencia chilena en la Antártica implica millonarias asignaciones presupuestarias para mantener bases operativas, asegurar la conectividad aérea y marítima, financiar logística compleja y avanzar en proyectos de modernización de infraestructura y uso de nuevas tecnologías. En ese contexto, la fiscalización adquiere un valor estratégico: garantiza que estas inversiones se ejecuten con apego a la normativa, eficiencia en el gasto y estándares de probidad acordes a la relevancia del territorio.

Asimismo, el operativo permitió revisar en terreno instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile, y recoger antecedentes que formarán parte de un informe de inspección cuyos resultados se conocerán durante el presente año. Es igualmente relevante que este despliegue no haya implicado gasto público adicional, al realizarse en el marco de un vuelo logístico regular de la Fuerza Aérea.

Esta visita inspectiva corresponde a la primera de dos etapas contempladas por la Contraloría. En una segunda fase, se proyecta la fiscalización de las bases O’Higgins y Prat, avanzando así en el objetivo institucional de que no existan zonas del país ajenas al control público. Este principio resulta especialmente significativo en territorios remotos, donde la complejidad operativa no puede ser sinónimo de menor exigencia.

Desde la perspectiva regional, el hito refuerza el papel de Magallanes como eje logístico y administrativo de la presencia chilena en la Antártica. Pero, más allá de lo territorial, la señal es clara: la soberanía también se ejerce a través del control, la transparencia y la rendición de cuentas. Fiscalizar la Antártica no es únicamente un acto administrativo. Es una reafirmación de que la probidad del Estado debe llegar hasta el último rincón del país.