Investigan a Fide XII por presunta estafa a adulto mayor y retiro irregular de su pensión

– La denuncia fue presentada por la tutora de un adulto mayor que residió en la ex Casa del Samaritano, hoy Vida Austral.

Marcos Sepúlveda Loyola 

La Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra, desde hace más de un año, indagando a la Fundación para el Desarrollo de Magallanes, popularmente conocida como Fide XII, por una presunta estafa y otras defraudaciones en contra de particulares.

Actualmente, la investigación se encuentra a la espera de instrucciones por parte del Ministerio Público.

Fide XII está en el ojo del huracán tras la denuncia realizada por el Gobierno Regional de Magallanes, a través de un oficio dirigido a la Fiscalía, en el cual se informó que la fundación -dependiente del Obispado de Punta Arenas- no ha rendido más de $156 millones correspondientes a distintos proyectos.

El Magallanes tuvo acceso a la primera denuncia interpuesta por la tutora de un usuario de la ex Casa del Samaritano, hoy denominada Vida Austral, residencia que fue administrada por Fide XII hasta agosto del año pasado.

Los hechos fueron denunciados ante la Brigada Investigadora de Delitos Económicos el 18 de febrero de 2025.

El origen de la denuncia

La presunta víctima ingresó a la Casa del Samaritano el 12 de junio de 2023, luego de permanecer cerca de nueve meses en un albergue para personas en situación de calle, ubicado en calle Lautaro Navarro, recinto que también dependía de Fide XII.

Al momento de su ingreso a la residencia, el usuario habría sido requerido para entregar su cuenta Rut, tarjeta bancaria y clave, sin que la tutora tenga claridad respecto de la existencia de algún documento formal que autorizara dicho procedimiento.

De acuerdo con lo informado a la denunciante, la residencia podía retener hasta el 85% de la pensión de los residentes, incluyendo el ingreso universal y otros aportes adicionales. Sin embargo, la tutora señala no conocer en detalle dicha normativa ni haber visto su formalización por escrito.

Durante el período investigado, la administración del recinto estuvo a cargo de Enrique Velásquez y Trinidad España Burgos, esta última en calidad de directora de la Casa del Samaritano.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la tutora fue la extrema reserva en la entrega de información financiera. Según su testimonio, cada vez que intentaba conocer el estado de las cuentas del adulto mayor o permitir que este portara su tarjeta bancaria durante salidas autorizadas, se registraban reiteradas negativas o dilaciones por parte de la administración.

La situación comenzó a cambiar a inicios de enero de 2025, cuando asumió una nueva administración, encabezada por María Paz Santana Uribe como directora del hogar y Jessica Oyarzún como coordinadora administrativa.

Tras reiteradas gestiones, el 17 de febrero de 2025 la tutora logró acceder a la cuenta bancaria del residente. Al revisar los antecedentes junto a una ejecutiva bancaria, se constató que el saldo disponible era de aproximadamente $4 mil. En los estados de cuenta aparecían constantes retiros por cajero automático, además de compras en carnicerías y farmacias. Los montos retirados superaban con creces el 85% autorizado, llegando en algunos períodos incluso al 100% de la pensión.

Luego de una revisión detallada de 14 meses de movimientos bancarios, la tutora logró contabilizar que desde la cuenta del adulto mayor se habrían retirado alrededor de $5 millones 945 mil, considerando que el residente recibía en promedio $440 mil  mensuales.

El 18 de febrero de 2025, la tutora sostuvo una reunión con la nueva administración del recinto. En dicha instancia, los directivos señalaron desconocer completamente la situación y afirmaron que, según los registros internos, al residente solo se le descontaban $180 mil mensuales, cifra muy inferior al 85% de su pensión.

Los comprobantes presentados por la administración estaban firmados por Enrique Velásquez, sin contar con la firma ni la letra del propio usuario.

Al contrastar estos registros con las cartolas bancarias, la nueva administración manifestó sorpresa y solicitó formalmente que se realizara la denuncia ante la PDI, además de requerir una nueva reunión con directivos de la fundación para revisar el caso.