Fundaciones de Nicolás Ibáñez y Lucy Ana Avilés lideran la donación de US$35 millones para Cabo Froward

Lucas Ulloa Intveen
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El proyecto para consolidar el Parque Nacional Cabo Froward ha entrado en una fase crítica de definiciones técnicas y administrativas. Con una inversión privada que alcanza los 35 millones de dólares para la adquisición de tierras, esta iniciativa no sólo busca proteger la biodiversidad del extremo sur, sino también descongestionar otros parques nacionales de la región y transformar a Punta Arenas en un polo turístico de nivel internacional.

La extensión final del parque se logró tras la compra estratégica de tres lotes principales por parte de la Fundación Rewilding Chile, que suman 149 mil 345 hectáreas donadas al Estado. Al integrarse con los Bienes Nacionales Protegidos (BNP) Cabo Froward y Bachelor, el parque totalizará 185 mil hectáreas.

En entrevista con El Magallanes, la directora ejecutiva de Fundación Rewilding Chile, Carolina Morgado, relata que, cerrando el 2025, se concretó la compra de un tercer lote de 22 mil 333 hectáreas, adquirido el 29 de diciembre por US$7,5 millones. Esta adquisición se suma a los dos lotes anteriores: el comprado en 2021 por US$20 millones, de 93 mil 492 hectáreas, y el lote de Puerto Galán, adquirido en 2024 por US$5 millones, de 33 mil 810 hectáreas.

Este último terreno adquirido permite crear un corredor biológico de 8 millones de hectáreas, conectando con otros cinco parques nacionales, entre ellos Torres del Paine y Alberto de Agostini. Según los datos técnicos, el terreno destaca por su valor ecológico: un 17% corresponde a turberas -claves en la captura de carbono-, un 35% es bosque nativo y cuenta con 145 kilómetros de costa con bosques de algas prístinos.

Donantes y financiamiento

En entrevista, Carolina Morgado, directora de Fundación Rewilding Chile, explica que la recaudación de fondos ha sido calificada como una campaña de fundraising “muy eficiente”, con un costo promedio de US$217 por hectárea. En total, han participado más de 15 donantes de Chile, Estados Unidos y Europa.

Morgado reveló que entre los principales donantes -quienes aportaron la mayor parte de los US$35 millones que han costado los terrenos- se encuentran las fundaciones de Nicolás Ibáñez y Lucy Ana Avilés.

Nicolás Ibáñez es un inversionista conocido por haber sido dueño del supermercado Líder y de la cadena Papa John’s en Chile, así como por fundar y financiar la Fundación para el Progreso, donde uno de sus principales referentes públicos es Axel Kaiser.

Lucy Ana Avilés es una filántropa chilena, casada con el nieto de Sam Walton -fundador de Walmart-, quien ha prestado apoyo en emergencias nacionales como incendios forestales, financiando la contratación del Supertanker. Además, en las últimas elecciones donó $19 millones a la campaña de José Antonio Kast.

El resto de los fondos proviene de otros privados estadounidenses e ingleses.

“Una oportunidad para Punta Arenas”

Para Carolina Morgado, este proyecto trasciende lo ambiental. Describe el área como uno de los lugares “más salvajes e intocados” que existen, lo que ofrece una oportunidad única para descomprimir el flujo de turistas de Torres del Paine.

“Vemos el Parque Nacional Cabo Froward como una tremenda oportunidad y atractivo para Punta Arenas, para aumentar la ocupación cama (…) Queremos que sea un parque con toda la formalidad, con entrada, casa de guardaparques y senderos”.

La fundación ya cuenta con un anteproyecto de infraestructura que contempla senderos entre San Pedro y Valle Águila, además de un refugio en la Cruz de los Mares, buscando que la visita sea “más informativa, segura y educativa”.

A pesar de los avances, la firma definitiva del parque enfrenta obstáculos. El proceso de consulta indígena, liderado por el Ministerio del Medio Ambiente, debe retomarse tras un primer intento fallido. Posteriormente, debe ser aprobado por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad para concretar el decreto oficial.

Además, existe una presión legal importante: las tierras fueron entregadas como “donaciones modales”, lo que obliga al Estado a decretar el Parque Nacional en un plazo máximo de dos años desde la donación, realizada en noviembre de 2025. De no cumplirse el plazo hacia 2027, el proceso podría verse comprometido.

Morgado reconoce que, debido a los trámites de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces para este último terreno, así como a los tiempos políticos, lo más probable es que la materialización completa del parque sea heredada por la próxima administración gubernamental, encabezada por José Antonio Kast y su Comité de Ministros.