Ley Naín-Retamal: el fin de la ambigüedad y el triunfo del Estado de Derecho

La reciente absolución del exoficial de Carabineros, Claudio Crespo, no es un hecho casual ni una anomalía judicial; es la aplicación de una ley vigente que llegó para terminar con años de desprotección hacia nuestras policías. El fallo del tribunal -validado por la Asociación de Magistrados frente a las presiones políticas- confirma que la Ley Naín-Retamal ha cumplido su propósito fundamental: otorgar certezas jurídicas en el ejercicio de la autoridad.

​Como miembro de la Comisión de Seguridad del Senado, tuve la responsabilidad de presentar y defender indicaciones claves que fueron el motor de este cambio. Impulsamos esta norma con la convicción de que el país no podía seguir enfrentando la crisis de seguridad con policías de manos atadas. El vacío legal que había exponía a nuestros funcionarios a juicios interminables y sesgados que criminalizaban su función; mi compromiso fue dotar a Carabineros de un marco legal sólido que reconozca la complejidad y el riesgo de su labor, especialmente en un contexto de violencia desatada que vive el país. 

​Uno de los aportes más significativos y que defendimos en la Cámara Alta fue la precisión sobre la exención de responsabilidad penal y el mando. Introdujimos una fórmula clara: los superiores jerárquicos solo pueden ser responsables si “consintieron a sabiendas u ordenaron expresamente” un ilícito. Con esta indicación, logramos blindar la estructura institucional contra interpretaciones arbitrarias, permitiendo que la jerarquía policial funcione con la seguridad necesaria para mantener el orden público.

​Asimismo, la inclusión de la referencia a los “reglamentos respectivos” en el delito de apremios ilegítimos (punto que resultó determinante en la absolución de Crespo) fue una decisión estratégica. El objetivo era garantizar que, si un funcionario actúa conforme a su protocolo y entrenamiento, para no sea tratado como un criminal. La justicia no es una noción subjetiva, ni un capricho político; es la aplicación del Derecho a los hechos, y nuestra legislación hoy establece que el cumplimiento del deber es una causa de justificación plena.

​Resulta paradójico observar la reacción de ciertos sectores del oficialismo. El Partido Comunista y el Frente Amplio hoy rasgan vestiduras y hablan de “impunidad”, omitiendo que esta ley fue fruto de una negociación con su propio Gobierno y promulgada bajo su administración. Su actitud es peligrosa: intentan desacreditar a la autoridad desde una trinchera ideológica, ignorando que la seguridad es el primer derecho humano que el Estado debe garantizar.

​Más grave aún es el desmarque del Presidente Gabriel Boric. Calificar de “desgarrador” un fallo judicial y pretender desconocer una ley nacida bajo su gestión, es un golpe directo a la separación de poderes. Como bien señaló la Asociación de Magistrados, estas declaraciones no solo “debilitan la confianza ciudadana”, sino que afectan gravemente la independencia del Poder Judicial.

​A pesar de estas intromisiones, con la Ley Naín-Retamal, marcamos un hito en la defensa de nuestras policías y pusimos fin a la impunidad de los violentistas. Este caso sienta un precedente necesario: en Chile, quien cumple con su reglamento y defiende a la ciudadanía ya no estará solo frente a la justicia. 

Seguire trabajando para que el respaldo a las policías sea una política de Estado sólida y permanente, no el rehén de las vacilaciones del Gobierno, que aún no se decide a enfrentar la violencia con determinación.