Fide XII y el “bicicleteo” de recursos

Más allá de los nombres propios y de las responsabilidades individuales, el caso Fide XII deja al descubierto una práctica tan extendida como peligrosa en la administración de programas sociales, dada por el uso de recursos de un proyecto para cubrir déficits de otro, el llamado “bicicleteo” de dineros. 

Se trata de una práctica que suele justificarse como solución transitoria, pero que termina convirtiéndose en un problema estructural con consecuencias legales, administrativas y humanas.

Los testimonios recogidos en la investigación que ha realizado nuestro medio en los últimos días dan cuenta de un escenario crítico: programas que no “daban números azules”, déficits permanentes, financiamientos públicos insuficientes para enfrentar imprevistos y una fundación que asumió más responsabilidades de las que podía sostener. En ese contexto, se habría comenzado a utilizar recursos de distintos programas para cubrir gastos operacionales básicos, como alimentación, calefacción o servicios, desdibujando por completo el destino original de los fondos.

Este mecanismo, lejos de ser un simple desorden contable, vulnera principios esenciales de la administración pública. Los recursos asignados por organismos como Senama, Fonasa, Sernameg o el gobierno regional tienen fines específicos, plazos definidos y exigencias claras de rendición. Desviarlos, aun con buenas intenciones, no sólo dificulta la rendición posterior, sino que puede configurar faltas administrativas graves e incluso delitos.

El problema se agrava cuando esta práctica se normaliza y se perpetúa en el tiempo. Lo que comienza como una “solución de emergencia” termina generando un efecto dominó: proyectos que no pueden rendirse correctamente, suspensión de financiamientos, profundización del déficit y, finalmente, colapso institucional. En el caso de Fide XII, la suspensión de aportes y el aumento de deudas habrían marcado un punto de no retorno.

Este tipo de situaciones obliga a una reflexión más amplia sobre el modelo de financiamiento de los programas sociales. Exigir rendiciones estrictas sin considerar márgenes reales para imprevistos empuja a las instituciones a operar al límite. Pero ello no puede traducirse en permisividad frente a prácticas irregulares. La solución no es el “bicicleteo”, sino sistemas de financiamiento más realistas, controles efectivos y una supervisión activa por parte de las entidades mandantes.

El caso Fide XII demuestra que cuando el control falla y la emergencia se vuelve norma, quienes terminan pagando el costo son siempre los mismos: los usuarios más vulnerables. Corregir este problema exige más que auditorías ex post. Requiere un rediseño profundo de las relaciones entre el Estado, las fundaciones ejecutoras y las instituciones que las respaldan, para que nunca más la precariedad administrativa se transforme en un riesgo para la dignidad de las personas.