Retrasos previsionales en el Slep Magallanes

La denuncia sobre el retraso en el pago de cotizaciones previsionales y otros descuentos de planilla correspondientes a diciembre de 2025 pone de relieve un desafío estructural que trasciende el mes puntual de diciembre por parte del Servicio Local de Educación Pública (Slep) Magallanes. Aunque los sueldos líquidos de los trabajadores de la educación se pagaron oportunamente, la demora en obligaciones legales vinculadas a la previsión social genera inquietud legítima en comunidades educativas, sindicatos y familias, y cuestiona la solidez financiera del sistema.

Este atraso se habría debido a diferencias contables entre las proyecciones de costos de personal realizadas por la Dirección de Educación Pública (Dep) y los gastos reales del servicio, lo que habría derivado en un aporte fiscal inferior al necesario.

Magallanes no es ajena a crisis de administración educativa. Casos anteriores, como los de Cormupa en Punta Arenas y Cormunat en Puerto Natales, evidenciaron que los atrasos previsionales suelen anticipar desórdenes financieros de mayor envergadura. La creación de los Slep, con la Ley 21.040, buscó justamente superar estas debilidades, profesionalizando la gestión, reforzando el control y garantizando continuidad en la administración de recursos. La aparición de retrasos previsionales, aunque puntuales, tensiona ese objetivo central y obliga a una reflexión sobre la robustez de los mecanismos de supervisión y ajuste presupuestario.

El caso de Magallanes, aunque acotado a un mes específico, subraya la importancia de mantener una supervisión constante de la proyección y ejecución presupuestaria, así como de fortalecer los canales de coordinación entre los Slep y la Dep. La estabilidad financiera no es un detalle administrativo: es una condición indispensable para que la educación pública cumpla con su rol fundamental, evitando que las dificultades contables se traduzcan en afectaciones a trabajadores, familias y comunidades.

El desafío, entonces, es doble. Primero se debe corregir rápidamente los retrasos detectados y, simultáneamente, asegurar que los servicios locales operen con sistemas de control financiero que prevengan que situaciones similares vuelvan a repetirse.

La educación pública, especialmente en regiones extremas como Magallanes, no puede permitirse la improvisación ni los desajustes presupuestarios. Parte de su fortaleza depende de una gestión profesional, transparente y confiable, que proteja a quienes la sostienen y a quienes dependen de ella.