Hidrógeno verde e infraestructura

Las declaraciones del seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, buscan transmitir tranquilidad en medio de un escenario que, objetivamente, dejó de ser estable. Frente a la redefinición de prioridades anunciada por HNH Energy -uno de los proyectos emblemáticos del hidrógeno verde en Magallanes-, la autoridad asegura que el cronograma de inversiones en infraestructura pública se mantiene incólume, al tratarse de obras pensadas para la conectividad regional y no exclusivamente para esta naciente industria. El mensaje es claro: no habría impacto.

Sin embargo, la pregunta que surge es si esa convicción resiste el análisis más allá del discurso.

Resulta razonable -e incluso necesario- que el Estado planifique infraestructura con una mirada de largo plazo y que no dependa de un solo sector productivo. Nadie discute la relevancia de mejorar rutas, aeropuertos o el borde costero para una región históricamente postergada. El problema aparece cuando una parte sustantiva de esas inversiones se justifica, explícita o implícitamente, como “infraestructura habilitante” para una industria que hoy muestra señales evidentes de ralentización, congelamiento o repliegue estratégico.

El propio relato oficial lo delata. La repavimentación del tramo entre el aeropuerto y Gobernador Philippi, el ensanche de la Ruta 9, los desvíos pensados para carga sobredimensionada o la eventual doble vía hacia Monte Aymond no son obras neutras. Fueron concebidas -y defendidas públicamente- como soporte logístico para parques eólicos, transporte de componentes y operación del hidrógeno verde. Negar ahora ese vínculo parece más un esfuerzo por blindar el programa de inversiones que una lectura honesta del contexto.

La incertidumbre internacional que enfrenta el H2V no es menor ni coyuntural. Ajustes de proyectos multimillonarios, como el de HNH Energy, no son simples “pausas tácticas”, sino señales de un mercado que aún no logra despejar sus variables clave, como el financiamiento, la demanda asegurada, los costos logísticos y los marcos regulatorios estables. En ese escenario, seguir avanzando con certezas absolutas en infraestructura que dependía -al menos en parte- de esa industria, amerita algo más que optimismo institucional.

La reflexión del seremi apunta a evitar retrasos futuros si la industria finalmente despega. Es un argumento atendible.

La insistencia en que “no hay retrasos” y en que “todo ha sido consensuado con el gremio” contrasta con un escenario donde ese mismo gremio comienza a recalibrar expectativas. La planificación pública no puede quedar atrapada entre el voluntarismo y la inercia, menos aún cuando se trata de recursos fiscales de magnitud histórica para Magallanes.

Más que descartar impactos, el momento exige sinceridad y transparencia. La infraestructura es clave para el desarrollo regional. Si alguna lección se puede sacar de lo que está sucediendo es que la región no estaba ni está preparada, en términos de logística e infraestructura, para acoger proyectos de gran envergadura como los planteados en el contexto de la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde. Entonces, realmente el plan de obras debería continuar si marcha y hacerlo lo más aceleradamente posible.