Deuda histórica: gremio exige celeridad en trámites para pago a docentes jubilados

Los pagos correspondientes a la llamada deuda histórica docente continúan enfrentando dificultades en su aplicación, pese a los avances legales alcanzados durante el último año. En Magallanes, más de 500 profesoras y profesores podrían acceder al beneficio establecido en la Ley 21.728, que reconoce una reparación económica a los afectados por el traspaso del sistema educativo desde el Estado a los municipios en la década de los ochenta. Dicho proceso provocó una pérdida significativa de beneficios laborales y salariales, generando una deuda que ha sido reclamada por el magisterio durante más de cuatro décadas.

Durante el año pasado, el directorio comunal Punta Arenas del gremio asesoró a alrededor de 150 docentes en el proceso de postulación, que se realiza a través de la plataforma en línea soluciondeudahistórica.mineduc.cl, habilitada por el Ministerio de Educación. El objetivo fue orientar a los postulantes en la recopilación de antecedentes, la validación de datos personales y el seguimiento del trámite. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, María José Rodríguez, presidenta comunal del colegio, indicó que el proceso se ha visto afectado por dos grandes problemas que aún no se resuelven completamente.

“El primero es que aquellos docentes que eran parte de la demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no fueron parte del primer grupo de pagos porque el Estado les exigía contar con la confirmación del desistimiento”, señaló. Esa exigencia, dijo, dejó fuera a un número importante de postulantes que ya cumplían con todos los demás requisitos legales y que, en muchos casos, pertenecen a los grupos de mayor edad.

Rodríguez explicó que la situación cambió luego de una modificación legal, cuando el gobierno ingresó una indicación en la ley de reajuste, la que recientemente fue aprobada en el Congreso y permitirá a los docentes demandantes acceder al pago establecido en la ley 21.728, adjuntando los antecedentes de solicitud del desistimiento”, puntualizó. 

El segundo problema se relaciona con la falta de información entregada por algunos municipios al Ministerio de Educación, lo que ha provocado retrasos en la validación de los antecedentes necesarios para efectuar el pago. “En Punta Arenas la municipalidad no habría entregado la documentación requerida por el Ministerio de Educación, lo que habría generado un retraso en este pago”, advirtió.

Esta situación afectó especialmente a los docentes de mayor edad, ya que la ley estableció como criterio de prioridad para el pago a las personas mayores de 80 años que hubieran realizado su trámite antes del 22 de junio de 2025. 

Según Rodríguez, la falta de antecedentes administrativos por parte de las municipalidades dejó a muchos postulantes sin posibilidad de recibir el dinero en los plazos esperados, pese a que cumplían con todas las condiciones establecidas. Para este año 2026, el Colegio de Profesores comunal Punta Arenas ha definido como una de sus prioridades el seguimiento permanente de los trámites y la colaboración con las autoridades locales para evitar nuevos retrasos.