El Tratado de Alta Mar y el mar antártico magallánico: una aprobación apresurada

Magallanes y la Antártica Chilena concentran el espacio marítimo más extenso, sensible y estratégico del país. No sólo por su condición bioceánica, sino porque albergan un sistema clave para la regulación climática global, una riqueza pesquera significativa, un corredor natural hacia el continente antártico y un punto de conexión vital entre el Atlántico, el Pacífico y el océano Austral.

Su interés trasciende largamente a Chile y es observado con atención por las potencias globales, que ya toman nota del desgaste del sistema multilateral y escrutan la incapacidad persistente del Estado chileno para asumir el desafío antártico de forma integral y con proyección estratégica.

El desorden ideológico entre territorialistas y universalistas, la negligencia en la implementación efectiva del Estatuto Antártico y sus reglamentos, y el empoderamiento acrítico del Inach se combinan con la ausencia de un mando político que ordene, articule y discipline el libertinaje que domina la política austral y antártica entre Cancillería, Defensa, Inach, operadores antárticos, entre otros.

El resultado es evidente: Chile ha debilitado en estos años su posición soberana en la Antártica y ha renunciado, por omisión, a una defensa coherente y moderna del mar magallánico.

Veamos lo ocurrido con el denominado Tratado de Alta Mar, o Acuerdo BBNJ. Su tramitación en el Congreso fue rápida y no logramos imponer un debate profundo sobre sus efectos específicos en el mar austral y antártico. La Cancillería lo presentó como un instrumento inocuo y urgente, sin transparentar sus implicancias estratégicas ni las tensiones jurídicas que introduce en el mar antártico de Chile. Muy distinto a lo ocurrido en Argentina o el Reino Unido, ambos con diplomacias más serias.

Votamos a favor sin claridad y apurados por el gobierno, al que urgía postular a Valparaíso como sede del tratado. Eso era lo prioritario, aun a costa de dejar en una zona gris altos intereses de Chile en el mar antártico.

Este tratado se aplica a zonas “fuera de la jurisdicción nacional” y, como en la Antártica no existe consenso internacional sobre cuáles son esas áreas marítimas, la soberanía chilena sobre el mar antártico no fue reconocida por el Tratado de Alta Mar, alineándose con ese globalismo multilateralista al que poco parece importarle la soberanía de los Estados y sí mucho los denominados patrimonios comunes. Debemos recordar que el Tratado Antártico congeló los reclamos de soberanía sin resolverlos, y la superposición entre un nuevo régimen global y un sistema jurídico especial que ha garantizado estabilidad por más de seis décadas no fue abordada con la claridad ni la prudencia esperables y tan necesarias.

El Tratado de Alta Mar prohibió expresamente las reservas, impidiendo que Chile pudiera dejar constancia de su posición respecto de los reclamos territoriales y marítimos en la Antártica. Frente a ello, nuestro país recurrió a una declaración interpretativa al momento de la ratificación. Sin embargo, su alcance es limitado: no sustituye una reserva, no genera obligaciones para terceros y no impide interpretaciones divergentes en el futuro.

El mar magallánico refleja desde hace más de una década una secuencia de descuidos acumulados: decisiones parciales, diagnósticos incompletos y ausencia de una política de Estado sostenida, además de la falta de adiestramiento de nuestras instituciones competentes.

Chile persiste en negarse a asumir, con la seriedad mínima que exige su geografía y su historia, su condición de país marítimo. Mientras esa ceguera estratégica continúe, decisiones como esta seguirán erosionando, una tras otra, nuestra posición en el extremo sur.

La primera rectificación debe ser categórica e inmediata: el país debe retirar la postulación de Valparaíso como sede de este tratado. A continuación, el próximo gobierno tiene la obligación ineludible de someter la política antártica a un mando único, que concentre y disponga de los recursos, erradique el culto a las vanidades burocráticas y eleve drásticamente los estándares de selección de quienes administran los asuntos antárticos. Este mando superior debe fijar, de una vez, el rumbo y las prioridades de Chile en los espacios australes al sur del Cabo de Hornos. Todo lo demás es prolongar la decadencia y la mediocridad que hoy gobiernan nuestra proyección austral.