Más de $75 millones en indemnizaciones por despidos injustificados acumula Fide XII

Una crisis laboral sin precedentes enfrenta la Fundación para el Desarrollo de Magallanes, conocida como Fide XII. La institución, dependiente del Obispado de Punta Arenas, registra 14 demandas laborales por despidos injustificados en el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas. Entre los demandantes figuran desde exauxiliares de aseo hasta exdirectores ejecutivos, quienes iniciaron acciones judiciales en contra de esta obra católica.

Las reclamaciones no sólo consideran el pago de indemnizaciones y prestaciones adeudadas, sino también denuncias por subterfugios societarios, acoso laboral, manejo irregular de fondos institucionales y deudas que los propios trabajadores debieron cubrir con su patrimonio personal.

De las acciones judiciales presentadas, diez corresponden a despidos injustificados, indebidos o carentes de causal, mientras que el resto se relaciona con despidos indirectos, en los que los trabajadores se vieron obligados a renunciar debido a incumplimientos graves por parte de la institución. A ello se suma un grupo masivo de 23 trabajadores del Colegio María Auxiliadora de Porvenir, dependiente de la fundación, quienes solicitaron medidas precautorias para resguardar el pago de sueldos y cotizaciones previsionales.

De las 14 demandas, tres permanecen pendientes de resolución en el tribunal laboral. Entre ellas se encuentran las acciones interpuestas por los trabajadores del Colegio María Auxiliadora. Uno de estos casos se encuentra a la espera de sentencia definitiva, luego de que la resolución del juzgado laboral fuera apelada por Fide XII y elevada a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, mientras que el tercer proceso continúa en plena etapa de juicio.

Según los documentos judiciales revisados por El Magallanes, en la mayoría de los casos resueltos la institución fue condenada al pago de montos millonarios, que en conjunto superan los $75 millones 228 mil. En una de las resoluciones más relevantes, Fide XII fue condenada a pagar $27 millones.

Estas acciones judiciales se suman a las investigaciones que mantiene la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones, por una presunta estafa y otras defraudaciones en contra de particulares. Además, a fines del año pasado, el Gobierno Regional de Magallanes ingresó un oficio ante la Fiscalía solicitando el reintegro de $156 millones correspondientes a proyectos no rendidos.

Respecto de la grave crisis institucional, el obispo de Punta Arenas, Óscar Blanco Martínez, sostuvo que existió un exceso de confianza y una falta de información financiera en Fide XII, anunciando la realización de una auditoría forense para determinar la magnitud real del problema.

$75 millones
en indemnizaciones

Entre las indemnizaciones más relevantes se encuentra la del exdirector ejecutivo Reinaldo Leiva Oyarzo, quien logró un avenimiento por $27 millones, tras demandar el pago de remuneraciones adeudadas, feriados legales y la restitución de gastos personales utilizados -según alegó- para solventar deudas institucionales. En su acción judicial, además, denunció la existencia de un subterfugio entre Fide XII y la Fundación Ex-Ducere, ligada al mundo educacional, para eludir responsabilidades laborales.

Otro fallo significativo fue el de Enrique Velásquez Aguilar, cuidador y administrativo despedido por “falta de probidad”, acusado de giros indebidos desde la cuenta de un adulto mayor. El tribunal determinó que la fundación no logró acreditar la causal invocada, acogiendo la demanda por despido injustificado y condenando al pago de $7 millones 763 mil.

El análisis de los fallos judiciales deja en evidencia un patrón reiterado de incumplimiento de las obligaciones previsionales, ya que en varios casos las cotizaciones eran declaradas, pero no pagadas. Esta situación afectó, entre otros, al monitor social Alan Leyton Hernández y a Sandra Gutiérrez Avendaño, a quienes Fide XII adeudaba cotizaciones en AFP, Isapre y seguro de cesantía. El tribunal condenó a la institución al pago de $1 millón 700 mil y $2 millones, respectivamente, además de la regularización de la seguridad social.

Otro elemento recurrente es la crisis financiera interna. Trabajadoras sociales como María Paz Santana Uribe y Marcela Vidal Bórquez denunciaron atrasos sistemáticos en el pago de sueldos y la falta de recursos básicos para el funcionamiento de los centros administrados por la fundación. En el caso de Santana, la conciliación alcanzó los $15 millones, luego de que denunciara incluso haber tenido que comprar con su propio dinero pañales y otros insumos básicos para residentes de un hogar de adultos mayores.

A este escenario se suma la medida prejudicial precautoria presentada por los 23 trabajadores del Colegio María Auxiliadora, quienes denunciaron lagunas previsionales superiores a 13 meses, sueldos impagos y protestos millonarios, solicitando la prohibición de enajenar bienes para asegurar futuros pagos.

Reinaldo Leiva recurrió a créditos personales para pagar sueldos

El exdirector ejecutivo de Fide XII, Reinaldo Leiva, reveló en su demanda que entre 2018 y 2023 solicitó créditos personales en la Caja de Compensación La Araucana para financiar necesidades de la fundación. Estas deudas, que hoy superan los $21 millones, quedaron a su nombre luego de que la institución dejara de pagar las cuotas.

Relató que, ante la falta de fondos, priorizó el pago de los sueldos de los trabajadores, postergando el suyo, lo que derivó en varios meses de remuneraciones impagas. Según la demanda, Fide XII le adeudaba $18 millones 331 mil.

Afirmó que el Obispado habría recibido $500 millones para el pago de sueldos, sin que se le cancelara lo adeudado, y que su renuncia se produjo tras un problema de gestión con directivos de la fundación, entre ellos el exintendente Mario Maturana y el abogado Francisco Cárdenas.

Leiva denunció la existencia de un “artilugio societario” entre Fide XII y Ex-Ducere, señalando que ambas entidades comparten domicilio, representante legal y presidente. La defensa de la fundación contraatacó, acusando una gestión “desastrosa” y “opaca”, con deudas previsionales superiores a los mil millones de pesos. El caso concluyó con un avenimiento aprobado el 27 de octubre de 2025, por un pago de $27 millones.

Excontadora exige indemnización de $138 millones

La excontadora de Fide XII, María Teresa Aicón Pérez, denunció ante el Juzgado del Trabajo haber sido víctima de una “maquinación engañosa” y abuso de confianza, acusando que la entidad católica habría amarrado un acuerdo de salida para luego despedirla por una causal disciplinaria, evitando así el pago de más de $37 millones en indemnizaciones correspondientes a sus cerca de 30 años de servicio.

Aicón interpuso una demanda por vulneración de derechos fundamentales, despido injustificado, nulidad del despido, cobro de prestaciones y subterfugio o unidad económica, apuntando a una estrategia deliberada para desvincularla sin costo económico para las fundaciones. Exige el pago de $138 millones, desglosados en años de servicio, reparación por daño moral, feriados legales y restitución de créditos personales. La fundación ofreció una conciliación por $20 millones, mientras que la demandante solicitó $50 millones para cerrar el conflicto.

Según la demanda, a comienzos de 2025, tras un cambio en la administración, se le propuso poner término a la relación laboral por mutuo acuerdo, reconociendo sus tres décadas de trabajo y pactando una indemnización de $37.671.722, pago que no se concretó por falta de recursos. Confiando en la buena fe del acuerdo, aceptó postergar su salida, tomando vacaciones y luego licencias médicas, en un contexto de deterioro de su salud mental, diagnosticado como trastorno adaptativo con ansiedad.

Tras el término de su última licencia, el 15 de junio de 2025, intentó retomar contacto para formalizar el acuerdo, sin obtener respuesta. Días después, el 27 de junio, fue despedida por inasistencia injustificada, hecho que califica como parte de una estrategia planificada para evitar el pago de indemnizaciones. Además, denunció haber solventado con su propio patrimonio gastos básicos de la fundación, acumulando una deuda de $17 millones 978 mil.