Adultos mayores en abandono

Resulta inaceptable que, en una región que envejece aceleradamente y que suele llenar discursos con llamados al respeto y la dignidad de las personas mayores, hoy 12 adultos mayores en situación de vulnerabilidad estén al borde de quedar sin atención por una falla administrativa del propio Estado. La crítica situación que atraviesa la Residencia Comunitaria Vida Austral, administrada por la Fundación Chay Austral, no es sólo un problema financiero. Es una señal alarmante de descoordinación, negligencia y abandono institucional.

Desde septiembre, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) no ha transferido los recursos comprometidos, debido a un entrampamiento administrativo heredado de la gestión anterior del operador Fide XII. El resultado es absurdo y cruel, ya que una fundación sin fines de lucro, que asumió una tarea social esencial, hoy no puede rendir ni acceder a los pagos porque el propio sistema público no ha resuelto una deuda que no le corresponde. Mientras tanto, el reloj corre y el cierre del hogar aparece como una amenaza real.

Más grave aún es el silencio. Según relata la directora ejecutiva de la fundación, Gabriela Sandoval, las puertas se han cerrado una tras otra. No hay llamados, no hay soluciones, no hay acompañamiento. Senama, el Ministerio de Desarrollo Social y el sector Salud parecen haber desaparecido del problema, como si la continuidad de un hogar para personas mayores dependiera exclusivamente de la capacidad de resistencia de una organización privada y no del deber del Estado.

La residencia requiere cerca de ocho millones de pesos mensuales para funcionar. Las pensiones de los residentes, que en promedio no superan los 250 mil pesos, apenas alcanzan para cubrir su alimentación. Pretender que una fundación sostenga indefinidamente este modelo sin apoyo estatal no sólo es irreal, sino profundamente irresponsable. Aquí no se trata de mala gestión privada, sino de una política pública que falla cuando más se la necesita.

La situación de Vida Austral no es un caso aislado. Es el reflejo de cómo el Estado ha delegado, sin respaldo suficiente, la atención de personas mayores a organizaciones sin fines de lucro, manteniéndolas atadas a convenios frágiles, pagos tardíos y una burocracia que no distingue entre papeles y personas. Cuando los recursos no llegan, no se interrumpe un servicio cualquiera: se pone en riesgo la dignidad, la salud y la vida de personas que ya han sido suficientemente vulneradas.

La solicitud de la Fundación Chay Austral para que la residencia sea reconocida como un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) de carácter público es razonable y urgente. El Estado no puede seguir mirando desde la vereda del frente mientras terceros sostienen, con esfuerzo y precariedad, una responsabilidad que le pertenece.

Aquí no basta con empatía ni con declaraciones. Se requiere acción inmediata, coordinación interinstitucional y una señal clara de que la protección de las personas mayores no es un eslogan, sino una prioridad real. Si el Estado no es capaz de responder ahora, cuando aún hay margen para evitar el cierre, la pregunta es inevitable: ¿quién se hace cargo cuando el abandono se vuelve norma?