Fiscalía pide prisión preventiva para Alberto Larraín

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el psiquiatra y fundador de la Fundación ProCultura, Alberto Larraín Salas, en el marco de la audiencia de formalización por el delito de fraude al fisco que se desarrolla ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La medida también fue requerida para otros tres imputados vinculados a la entidad, mientras que la decisión del tribunal quedó postergada para este lunes.

La audiencia, que continuó este domingo, abordó la discusión de las primeras medidas cautelares en la investigación por presuntas irregularidades en convenios suscritos con el Gobierno Regional Metropolitano, en el contexto del denominado Caso Convenios. El tribunal resolvió decretar arresto domiciliario total y arraigo nacional para Gabriel Prado Acuña, asesor externo de la fundación, mientras que respecto de Larraín; María Constanza Gómez, representante legal de ProCultura; Evelyn Gutiérrez, exjefa de división del GORE RM; y María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios, la resolución quedó pendiente.

El proceso se reanudará este lunes a las 10:00 horas, instancia en la que se escucharán las réplicas de querellantes y defensas, además de definirse el plazo de investigación. La Fiscalía, representada por el fiscal jefe de Alta Complejidad de Antofagasta, Cristian Aguilar, fundamentó la solicitud de prisión preventiva en la gravedad de los hechos y el perjuicio ocasionado a recursos públicos.

La jornada estuvo marcada por la renuncia del abogado Mario Valenzuela, defensor de María Teresa Abusleme, quien argumentó discrepancias con la imputada y su familia. Ante ello, el tribunal dispuso que la Defensoría Penal Pública asumiera de inmediato la representación, evitando la suspensión de la audiencia.

La investigación, liderada por la Fiscalía de Antofagasta desde mayo de 2025, se centra en un programa de prevención del suicidio adjudicado a ProCultura en 2022 por un monto de $1.683 millones. Según el Ministerio Público, la fundación habría sido favorecida sin cumplir las competencias requeridas, existiendo vínculos personales y políticos entre las partes. Además, se cuestiona el traspaso íntegro de los fondos en una sola cuota y el uso irregular de recursos, que derivaron en la liquidación del convenio en noviembre de 2023 y la exigencia de restitución de más de $1.000 millones, aún no reintegrados.

El Mostrador