Magallanes registró 40 expulsiones escolares y 69 cancelaciones de matrícula en ocho años

La Superintendencia de Educación publicó este miércoles un informe que caracteriza la aplicación de medidas de expulsión y cancelación de matrícula en el sistema escolar chileno entre 2016 y 2024. El documento, que incluye un desglose regional, muestra que Magallanes acumuló 40 casos de expulsión y 69 de cancelación de matrícula en ese periodo, lo que implica 4 expulsiones por año en toda la región y 7 cancelaciones, en promedio en ambos casos.

Cabe recordar que las expulsiones interrumpen de inmediato el proceso educativo, dejando a los estudiantes sin un establecimiento donde continuar hasta encontrar una nueva matrícula, mientras que las cancelaciones permiten finalizar el año escolar antes de que el escolar deba buscar un nuevo cupo para el año siguiente.

Según el informe, Magallanes inició el periodo con un bajo número de casos entre 2016 y 2021, manteniéndose incluso en cero durante dos años. Sin embargo, a partir de 2022 se observó un aumento significativo, alcanzando su punto máximo en 2024 con 14 expulsiones, la cifra más alta registrada para la región en todo el periodo analizado. En cuanto a las cancelaciones de matrícula, su peak fue en 2023 con 21 casos notificados a la Superintendencia, y manteniendo una cifra elevada de 18 casos durante el año pasado.

Un dato comunal destaca a nivel nacional. El informe incluye un análisis de las tasas por cada 100.000 estudiantes, donde Natales aparece entre las 20 comunas con las tasas más altas de cancelación de matrícula en el periodo.

El informe en su conjunto, que fue presentado previamente en el X Congreso Mundial de Convivencia y Violencia en la Escuela, revela que a nivel nacional las medidas de expulsión y cancelación de matrícula notificadas se triplicaron, impulsadas por un aumento del 676% en las expulsiones.

Al respecto, a nivel nacional, la superintendenta Loreto Orellana Zarricueta afirmó: “Lo que nos muestra este informe es que hoy los equipos directivos de los establecimientos están ejerciendo su facultad de acuerdo con la normativa vigente. Los datos revisados evidencian que la enorme mayoría de los procesos de expulsión y cancelación de matrícula se basan en fundamentos establecidos en la Ley Aula Segura. Entonces, es un mito eso de que Aula Segura no se está utilizando. Lo que se requiere es que los procesos también busquen resguardar trayectorias educativas”. 

La superintendenta Loreto Orellana Zarricueta enfatizó: “La transparencia de estos datos es fundamental. No buscamos alarmar, sino entregar evidencia para mejorar políticas y prácticas. Nuestro compromiso es que las y los estudiantes permanezcan en el sistema y tengan oportunidades reales de aprendizaje. Y en lo posible, prevenir casos graves que supongan una potencial expulsión, trabajando en la profundización de políticas de convivencia como la Gestión Colaborativa de Conflictos”.