Vertero al límite

El debate en torno al futuro del vertedero de Leñadura y la postergada materialización del Centro de Gestión de Residuos Sólidos Magallanes volvió a instalarse con fuerza, esta vez a partir de un oficio del municipio de Punta Arenas al Gobierno Regional, solicitando claridad sobre las trabas que impiden iniciar, al menos de forma parcial, la construcción del nuevo relleno sanitario.

Más allá del cruce de versiones, lo cierto es que la región enfrenta una situación crítica que exige menos reproches cruzados y más decisiones coordinadas.

Desde la municipalidad se sostiene que, según lo informado por el Servicio de Evaluación Ambiental, no existirían impedimentos de carácter ambiental para avanzar en etapas iniciales del proyecto, siempre que se respeten las condiciones de la Resolución de Calificación Ambiental. En ese contexto, el planteamiento de construir celdas mientras se tramitan permisos sectoriales aparece como una respuesta pragmática ante el inminente colapso del vertedero actual, cuya vida útil se extingue en plazos cada vez más estrechos.

El Gobierno Regional, en tanto, ha advertido que se trata de un proyecto de largo aliento, aún en etapa de diseño, con contratos suspendidos, permisos pendientes y una cadena administrativa que incluye recomendación social, aprobación del Consejo Regional, asignación de recursos y posterior licitación. Desde esa mirada, avanzar sin despejar completamente el camino normativo podría generar riesgos técnicos, legales y financieros difíciles de revertir.

Ambas posturas contienen razones atendibles. El municipio enfrenta la presión directa de una eventual emergencia sanitaria y de los costos que implicaría seguir extendiendo la operación de Leñadura. El Gobierno Regional, por su parte, administra un proyecto de escala regional, de alto costo y con una proyección de más de cuatro décadas, que no admite improvisaciones.

Lo preocupante es que, mientras las diferencias persisten, el tiempo sigue corriendo. La licitación del vertedero vence, los residuos se acumulan y la incertidumbre se traslada a la ciudadanía, que observa cómo un proyecto con RCA vigente desde 2023 sigue sin traducirse en obras concretas.

La salida difícilmente será unilateral. Se requiere una hoja de ruta compartida, con plazos claros, responsabilidades explicitadas y soluciones transitorias que no hipotequen el proyecto definitivo ni traspasen costos indebidos a los vecinos. La gestión de los residuos no puede seguir atrapada entre la urgencia política y la cautela administrativa. En este punto, más que vencedores en la discusión, la región necesita acuerdos que eviten que el vertedero siga siendo el símbolo de una postergación que ya se volvió insostenible.