Suprema confirmó millonaria condena en contra de operadora de turismo contratada para gira de estudios

La Corte Suprema no dio lugar al recurso de reposición en contra de la resolución que declaró inadmisible la queja interpuesta por la operadora de turismo Claudia Milicevic Fernández, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que confirmó íntegramente la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Punta Arenas.

Dicho tribunal condenó a esta operadora de turismo a restituir más de $83 millones a 37 apoderados del Colegio Británico, tras la cancelación de un viaje de estudios a Europa en 2020 y la negativa a reembolsarles lo pagado.

El máximo tribunal del país rechazó el recurso interpuesto por la demandada y ratificó el fallo de primera instancia, estableciendo el incumplimiento contractual, la negligencia en la prestación del servicio y la obligación de devolver la totalidad de los montos pagados a los alumnos y apoderados del Colegio Británico, además de la multa aplicada a beneficio municipal.

Con la dictación de esta resolución, que rechazó la reposición en contra de la resolución que declaró inadmisible el recurso de queja, la condena queda firme y ejecutoriada, no existiendo recursos para su impugnación.

“Se hizo justicia para las familias afectadas y se reafirma la protección de los derechos de los consumidores”, dijo Carola Ortiz Bravo, mediadora familiar-comercial-consumo.

“Ahora resta la etapa de cumplimiento en que la demandada deberá reembolsar lo pagado a las familias afectadas”, dijo.

Esta causa la inició el abogado querellante Benjamín Sagredo Reyman.

Gira de estudio

Como informó La Prensa Austral en octubre del año pasado, la operadora de turismo fue condenada a devolver la suma de 83 millones de pesos a un grupo de 37 apoderados del Colegio Británico, tras un fallido viaje de gira de estudios, que debió ser cancelado en 2020 a causa de la pandemia del Covid-19.

Así lo resolvió en primera instancia la titular del Segundo Juzgado de Policía Local de Punta Arenas, Patricia Espinoza Morales.

En 2021, con el patrocinio del abogado Benjamín Sagredo Reyman, el grupo padres y apoderados interpuso una querella en contra de Claudia Milicevic Fernández, a quien se le confió la misión para que gestionara y organizara el viaje a Europa, de 40 alumnos y 4 profesores, de un cuarto medio del Colegio The British School de Punta Arenas.

Según la denuncia, pese a estar domiciliada en Split, Croacia, “la querellada por intermedio de correo electrónico y videollamada refirió específicamente dedicarse habitualmente a la intermediación de viajes, como operadora turística en esta ciudad”.

En dichas circunstancias, la Comisión Gira de Estudios convino con la querellada la realización de una gira con la generación de alumnos que egresaba el año 2020, viaje que incluía varios países de Europa, entre el 30 de mayo y el 11 de junio de aquel año.

Los padres y apoderados realizaron diversas actividades para recaudar fondos. Asimismo 36 familias pagaron una cuota de $2.200.000, recaudándose la suma de $83.950.000. Sin embargo, la cuantía final pagada a la operadora turística fue de $90.193.258, realizado en seis remesas. Habiendo recibido la suma total del dinero, incluyó sin ninguna autorización una cláusula no convenida con la Comisión Gira de Estudios, que sería más adelante el camino que habilitaría para cimentar su propio incumplimiento. “Que debido a la pandemia por el Covid-19 y estado de excepción constitucional de catástrofe, se cerraron todas las fronteras durante el 2020”, expone la presentación judicial como secuencia de los hechos.

La jueza Patricia Espinoza dio por acreditado que la querellada no respetó los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales ofreció la prestación del servicio. Y la condenó a pagar una multa de 6 UTM, a beneficio fiscal.

Pero, de igual modo, dio lugar a la demanda civil presentada por el grupo de padres y apoderados, condenándose a la misma sentenciada a pagar a los demandantes la suma de $83.950.000, por concepto de indemnización de perjuicios.