“Debemos asegurar que Magallanes cuente con una infraestructura portuaria adecuada para competir”

El timonel del directorio de la Empresa Portuaria Austral (Epa), Gabriel Aldoney, fue consultado respecto de la idea planteada por el presidente electo José Antonio Kast de fusionar las empresas portuarias estatales y realizar una serie de cambios en el sector. Al respecto, el directivo de la portuaria magallánica consideró que reducir el debate de la política portuaria a la organización empresarial del Estado es uno de los aspectos menos relevantes de la discusión.

Durante su intervención, insistió en que sus opiniones son a título personal y no en su calidad de presidente del directorio de la Epa.

Aldoney recordó que, cuando se discutió la Ley de Puertos, originalmente se propuso contar con tres empresas portuarias estatales y no con diez, pero que la discusión parlamentaria derivó finalmente en el esquema vigente.

“Que sean tres, que sean cinco, etcétera, es una forma particular de resolver el problema. Lo importante es ratificar el principio de que las empresas portuarias estatales tienen como objetivo generar mayor competencia en un mercado que es bastante proclive a la concentración”, señaló.

Según informó Diario Financiero, el equipo del presidente electo José Antonio Kast trabaja en una serie de medidas para modernizar el sistema portuario estatal, orientadas a ordenar su gobernanza, elevar la eficiencia y destrabar inversiones que actualmente enfrentan retrasos.

Una de las ideas en evaluación es la reconfiguración de las diez empresas portuarias estatales, que hoy operan con directorios y equipos ejecutivos propios. De acuerdo con fuentes citadas por el medio, se analiza reducir ese número o incluso aglutinarlas en una sola entidad, con un directorio central desde el cual se definan lineamientos comunes. Otra alternativa es organizarlas por macrozonas -norte, centro y sur- con solo tres directorios.

En paralelo, se discute fortalecer la conducción de la política portuaria nacional. Actualmente, las empresas estatales dependen del ministerio de Transportes, pero el equipo del futuro gobierno evalúa la creación de una entidad con mayores atribuciones, ya sea una subsecretaría especializada o un organismo autónomo. Incluso, se ha planteado trasladar los puertos al alero del ministerio de Obras Públicas, bajo la dirección de Obras Portuarias.

El diagnóstico del entorno del Presidente electo apunta a la existencia de “cuellos de botella que han retrasado inversiones relevantes”, situación que se vuelve especialmente crítica ante los próximos procesos de relicitación de terminales y frente a la creciente competencia regional, en particular con el Puerto de Chancay, en Perú.

Aldoney advirtió que la propuesta no es fácil de concretar, ya que modificar la estructura empresarial de las portuarias estatales implica cambios a la Ley de Puertos, normativa que exige un quórum calificado en un Parlamento donde el nuevo gobierno no cuenta con mayoría absoluta.

Finalmente, sostuvo que antes de reducir el número de empresas es necesario responder una pregunta de fondo: “¿Qué queremos hacer como país en el ámbito portuario?”. A su juicio, más relevante que observar las inversiones portuarias realizadas en Perú y su impacto en la competitividad regional es asegurar que Magallanes cuente con una infraestructura portuaria adecuada para competir.

“El problema es que, y en eso hay que reconocerlo, la Ley 19.542 tuvo el defecto de mirar solamente la carga contenedorizada”, concluyó.