Ministerio Público insiste ante la Corte en cárcel para Alberto Larraín

La Fiscalía Regional de Antofagasta apeló ante la Corte de Santiago la resolución que dejó en libertad, con medidas cautelares menores, a cuatro de los cinco imputados en el denominado caso Procultura, insistiendo en la necesidad de decretar prisión preventiva para el exdirector de la fundación, Alberto Larraín, y otros involucrados. El recurso fue presentado a una semana de la decisión del juez de garantía Patricio Álvarez y será revisado durante los próximos días.

En el escrito ingresado por el fiscal Cristián Aguilar, el Ministerio Público sostiene que existen antecedentes suficientes para aplicar la medida cautelar de mayor intensidad, considerando la gravedad de los delitos imputados, la pena asignada —que califica como crimen—, la actuación concertada de los imputados y el perjuicio fiscal que superaría los $1.680 millones. Según la fiscalía, la libertad de los imputados resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, dado el impacto del caso en bienes jurídicos como la probidad administrativa y el patrimonio público.

No obstante, el ente persecutor planteó una solicitud subsidiaria: en caso de que la Corte no acoja la prisión preventiva, pidió que se decrete arresto domiciliario total para Larraín y otros imputados, o bien que se consideren figuras penales alternativas, como la apropiación indebida.

La apelación también cuestiona la interpretación del tribunal respecto de la actuación en grupo y sostiene que Larraín tenía la calidad de funcionario público, debido a su rol como director de una corporación creada por el Gobierno Regional Metropolitano y financiada con fondos públicos. Asimismo, el recurso menciona la eventual existencia de concertación entre los imputados y autoridades regionales, incluyendo al gobernador Claudio Orrego, cuyo desafuero podría ser revisado esta semana.

Desde la defensa, el abogado de Larraín, Cristián Arias, criticó la apelación, señalando que la fiscalía ha sostenido distintas tesis jurídicas a lo largo del proceso, lo que —a su juicio— evidencia la falta de claridad sobre la existencia de un delito. Las defensas valoraron la decisión inicial del juzgado de garantía, mientras se mantiene a la espera del pronunciamiento del tribunal de alzada.