Edificio consistorial y centro de Punta Arenas

La próxima instalación del nuevo gobierno de derecha y el reciente nombramiento de Ericka Farías como delegada presidencial regional de José Antonio Kast permiten esperar que recrudecerá la disputa política entre el alcalde Claudio Radonich y el gobernador regional, Jorge Flies.

Por lo pronto, el escenario se presenta más favorable para los intereses de Radonich y, en tal contexto, desde la municipalidad ya se levantó con nuevos bríos una vieja batalla, dada por la discusión sobre el futuro del consistorio y los edificios municipales de Punta Arenas. No se trata sólo de un debate urbano. Es un reflejo de cómo se cruzan intereses políticos, económicos y comunitarios en la ciudad.

Sabido es que al jefe comunal nunca le ha gustado el proyecto impulsado por el gobierno regional respecto del emplazamiento del edificio consistorial. Por ello ahora ha planteado con insistencia su preocupación por el traslado de los servicios municipales al terreno del ex Hospital Regional, señalando un riesgo tangible: la pérdida de un flujo diario de cientos de personas que nutren el comercio del centro, un sector que, según locatarios, ya ha perdido protagonismo frente a alternativas como Zona Franca o el Mall Espacio Urbano Pionero. Sus advertencias sobre el impacto económico no carecen de fundamento. El éxodo de funcionarios municipales podría agravar la desocupación de locales, la falta de mantenimiento de fachadas y la percepción de abandono en la calle Bories, donde galerías vacías, fachadas rayadas y cables en desuso reflejan años de descuido.

Sin embargo, el proyecto impulsado por el gobernador Jorge Flies y respaldado por estudios técnicos propone una estrategia de modernización y consolidación de los servicios públicos en un mismo lugar, con ventajas logísticas y administrativas difíciles de ignorar. La centralización permitiría optimizar recursos, mejorar la atención a los ciudadanos y liberar inmuebles patrimoniales que podrían ser reactivados mediante proyectos privados, contribuyendo a un reordenamiento más amplio del casco histórico.

La tensión política es evidente. El alcalde, apoyado por su cercanía con la delegada que fuera asesora jurídica de la municipalidad y por afinidad política con el Presidente Kast, podría usar su influencia para torpedear el proyecto, retrasando decisiones o bloqueando financiamiento, en un escenario que mezcla argumentos urbanos con cálculo político. Esto no sólo complica la planificación regional, sino que pone en evidencia la necesidad de separar el interés común del interés partidista.

Es evidente que Radonich usará la coyuntura política a su favor para imponer su parecer. Como se corre el riesgo de paralizar inversiones, resulta lógico que se inicie un diálogo transparente y franco entre los equipos municipales y del Gore, a fin de sincerar intenciones y no perjudicar, en definitiva, a los vecinos y a Punta Arenas.

Más allá de este punto, el jefe comunal no debería resistirse a los proyectos de soterramiento de cables y de mejoramiento de la calle Bories, con financiamiento regional estimado en más de 2 mil millones de pesos. Embellecer el centro y mantener su vitalidad requiere colaboración entre sector público y privado, y un equilibrio entre conservación patrimonial y modernización urbana.

La ciudad necesita un diálogo franco, que considere tanto el impacto económico inmediato en los comerciantes y vecinos como la visión estratégica para servicios públicos eficientes y modernos. Mantener la vitalidad del centro no significa necesariamente frenar proyectos de consolidación; y consolidar los servicios públicos no tiene por qué vaciar el corazón de Punta Arenas. El desafío estará en encontrar un equilibrio que proteja el comercio, respete el patrimonio y permita que la ciudad crezca con proyección regional, sin que la política local termine convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo.