Recuperar la Zona Franca: un desafío pendiente para Magallanes

Hoy vuelve a la palestra un tema que —tal como advertimos cuando un conflicto no se resuelve de raíz— nunca dejó de ser una herida abierta: la situación de la Zona Franca. Es una realidad que me tocó conocer de cerca y que hoy, lamentablemente, nos da la razón.

Cuando presidí la CPC Magallanes, dimos una gran batalla junto a la Cámara Franca —socia en aquel entonces— contra las condiciones de la última licitación, actualmente bajo la administración de Rentas Inmobiliarias. Mi planteamiento inicial fue drástico pero certero: la licitación se alejaba totalmente del espíritu original de la Ley de Zona Franca, la cual busca que el Estado se abstenga de cobrar impuestos y aranceles para beneficiar a los habitantes y permitir que las empresas locales adquieran insumos a menores costos.

Sin embargo, terminamos con un modelo que priorizó a “quien le pagaba más al Estado” por administrar el recinto. En la práctica, esto se traduce en un “impuesto inventado” que contraviene la ley y que, finalmente, terminamos pagando todos los magallánicos. Lamentablemente, ocurrió lo de siempre: la mayoría prefirió la negociación individual en lugar de dar una batalla colectiva contra la injusticia de los poderes fácticos.  

Una red de
protección desatada

  La gravedad de lo ocurrido en esa licitación se refleja en una maniobra administrativa alarmante. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, el intendente de la época dejó firmada la aceptación de una modificación en las inversiones obligatorias que debía cumplir la concesionaria. Curiosamente, renunció seis meses antes de terminar su período (el 11 de septiembre de 2013).

Para cubrir ese último tramo, asumió como intendente el actual alcalde de Punta Arenas (hasta el 11 de marzo de 2014). Al asumir el nuevo gobierno, las autoridades entrantes se encontraron entre los papeles con la aprobación del cambio de inversiones ya firmada. Debido a que habían transcurrido exactamente los seis meses de responsabilidad administrativa del primer intendente, ya no se podía ejercer ninguna acción legal (actualmente trabajamos en un proyecto para extender esta responsabilidad a dos o tres años). Estábamos ante una verdadera red de protección tejida detrás del contrato de concesión.  

El costo de un
“impuesto inventado”

  Como era de prever, los problemas escalaron: cobros excesivos y ventas con IVA al interior del recinto que deforman el objetivo principal de la franquicia. Lo lógico habría sido realizar una licitación basada en quién cobrara menos por administrar, estableciendo un porcentaje de recursos para reinvertir directamente en la Zona Franca en beneficio de los emprendedores y la comunidad (locales para emprendedores, centro de expositores, etc.), bajo la gestión de una comisión público-privada.

Todos los años vemos con asombro cómo la administradora de la Zona Franca entrega un “famoso cheque” al Gobierno Regional. Recientemente, se informó que el último pago por este concepto alcanzó la cifra de $4.713.845.579 anuales. Para que tomemos conciencia real de lo que esto significa: si consideramos una población de 166.000 habitantes, este “impuesto inventado” representa un costo de más de $28.300 por cada magallánico. En términos aún más cotidianos: ese dinero equivale a 11,3 kilos de pan por persona (considerando un precio de $2.500 el kilo).

Es dinero que sale del esfuerzo regional para alimentar una estructura que traiciona su origen. Históricamente, nuestra Zona Franca ha sido objeto de abusos por parte del centralismo y del propio Estado, llegando incluso a la manipulación de nuestras leyes en Magallanes. Ante estos atropellos constantes, cabe preguntarse: ¿No habrá llegado la hora de que nos defendamos todos juntos?